Así como todas las familias de Quintana Roo son afectadas fuertemente por la pobreza y sus consecuencias se ven en la pésima calidad de vida de la mayoría de los trabajadores, principalmente de aquellos que viven en la inseguridad, con carencias de servicios de salud, de educación, de vivienda digna, de calles, así como de servicios de luz y agua, entre otras necesidades básicas, y que el salario que perciben es tan miserable que apenas les alcanza ni si quiera para comer bien.
A estas condiciones se suman las graves afectaciones que sufren los jóvenes que se ven impedidos de lograr su desarrollo integral, quienes ante la insuficiencia de los ingresos familiares los altos costos de la canasta básica y los deficientes servicios públicos, se ven obligados a suspender sus estudios académicos para incorporarse a las filas de los trabajadores, quienes son explotados en su fuerza de trabajo, y con remuneraciones raquíticas y de esta forma pierden la oportunidad de lograr una carrera, de especializarse para tener mejores empleos y así, se ven impedidos de aspirar a mejorar las condiciones de vida de sus familias.
Está probado que en Quintana Roo, debido a las carencias antes mencionadas y la falta de oportunidades laborales con salarios y prestaciones decentes, están obligando a los jóvenes a tener que emplearse tempranamente para ayudar con el gasto familiar, pero con una consecuencia muy grave como es el tener que abandonar sus estudios, lo que, sin duda, significa frenar sus posibilidades de aspirar a mejores condiciones de vida y de sus familias, en el corto, mediano y largo plazo.
De esta forma, nos referimos a la información que documenta la asociación civil Enseñanza por México, la cual, a través de su titular, Jorge Carmelo Rodríguez, alertó recientemente de que en Quintana Roo, dos de cada 10 adolescentes y jóvenes son parte de los grupos vulnerables, por lo que se ven obligados a trabajar para poder continuar con sus estudios de preparatoria y universidad.
Estamos de acuerdo con que esta cifra sí es preocupante, que el porcentaje es alto y alarmante por el hecho de que en un estado donde anualmente se genera una impresionante riqueza a través del turismo y las actividades que se derivan del mismo, es inadmisible que ésta vaya a caer en manos de unos pocos dueños de cadenas de hoteles y restaurantes y de algunos que ni siquiera son del estado ni del país. Está claro que al permitir que se de ésta situación con malas políticas públicas que limita el desarrollo de actividades productivas que generen empleo para todos y que estos estén bien remunerados, el gobierno está violentando uno de los principales derechos de los infantes, adolescentes y jóvenes, que es el tener facilidades de acceso a la educación, y que la educación sea de calidad.
Otras evidencias oficiales que acreditan está problemática en nuestra Entidad son los datos obtenidos tanto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre explotación y trabajo infantil, así como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que señalan que el 23.2 por ciento de la población de entre 12 a 21 años actualmente están estudiando gracias a que trabaja por sueldos de apenas 800 pesos semanales, esto sin calificar la calidad y las deficientes condiciones en los que estos jóvenes realizan sus estudios.
Una situación que se deriva de esta problemática es que debido a su corta edad o inexperiencia laboral, estos jóvenes son contratados principalmente en el sector informal, donde no les pagan siquiera el salario mínimo, sufriendo una doble explotación y discriminación, en primer lugar de por sí los salarios ordinarios son raquíticos y no alcanzan a las familias para vivir dignamente, aunado a esto, a los jóvenes sin experiencia, se les paga aún menos poniéndolos en una condición de vulnerabilidad, lo que significa que sufren una explotación más cruel e inhumano de su fuerza de trabajo, esto a causa de su condición de joven y por sus necesidades de ayudar al sustento familiar y poder continuar, en lo que cabe, con sus estudios.
Otro dato relevante, es que la mayoría de estos jóvenes viven en la periferia de las grandes ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, donde existen asentamientos humanos irregulares que se caracterizan porque su población vive en situación de pobreza.
Estos indicadores registrados por instrucciones oficiales, y la realidad misma que se vive en cada colonia y en cada hogar de los cinturones de pobreza de nuestro Estado, deberían alertar a las autoridades y obligar a los funcionarios de gobierno encargados de la política social y de la atención prioritaria a los jóvenes para que se preocupen y promuevan acciones de gobierno que se encaminen en garantizar a nuestros jóvenes la continuidad de sus estudios académicos, y que su educación sea de calidad, para que estos no se vean en la necesidad de abandonar sus estudios para irse a trabajar en apoyo de la economía familiar.
Ante este grave problema que afecta a nuestros jóvenes y al pueblo trabajador de Quintana Roo, no podemos permitir que, por carencias económicas, pierdan la oportunidad de obtener una educación digna que les facilite y les abra puerta en un futuro no muy lejano, a mejores condiciones de vida y de bienestar para ellos, para sus familias y para sus comunidades, y que se ha realidad lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello es necesario que los jóvenes y el pueblo trabajador en general nos organicemos para exigir al gobierno que se respete y se garanticen los derechos de los niños y jóvenes, que hoy vemos obligados a laborar en la informalidad en las calles de nuestro Estado, sin las oportunidades para continuar con sus estudios.
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