MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Hacen falta recursos para atender necesidades en Zacatecas

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Zacatecas, Zac.- Por cuarto año consecutivo y en el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y de la Ley de Derechos, la senadora Geovanna Bañuelos insistió en la necesidad de que parte de la recaudación de los impuestos se destinen a los municipios que se dedican a la minería, esto porque el impuesto especial (Fondo Minero), se sigue cobrando, pero es usado para la mejora de centros educativos, infraestructura de salud y hasta desarrollo urbano, pero ya no se usa exclusivamente en las comunidades afectadas.

La legisladora explicó que en 2019, el valor de la producción minera en Zacatecas fue de 194 mil 437 millones de pesos y para el 2020, incrementó a los cerca de 290 mil millones de pesos; no obstante los municipios con vocación minera como Mazapil, Concepción del Oro, Vetagrande, Miguel Auza, Juan Aldama, Sombrerete, Saín Alto, Villa de Cos, Pinos, entre otros llevan años inmersos en la desigualdad y la pobreza.

El Fondo Minero se aprobó en enero del año 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y contempla el pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario por parte de las empresas extractivas que se devolvía a los estados y municipios de donde se extraía la materia prima, como una forma de compensarlos económicamente para elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Sin embargo, a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al Gobierno de México en 2018, el fideicomiso fue eliminado con el argumento de que el dinero no llegaba debido a la corrupción de las autoridades, lo que dejó sin el recurso a las entidades receptoras. El dinero fue utilizado en su momento para la construcción de obras en escuelas, para la pavimentación de carreteras y hasta en el arreglo de iglesias en las comunidades.

Hasta el año 2017 eran más de 700 millones de pesos por año los que se radicaban a su vez a municipios del estado, pero amparado en el combate a la corrupción causado por el intermediarismo como argumento  principal, el ejecutivo federal decidió su eliminación.

Se trata en suma de la pérdida de 2 mil 800 millones de pesos en los cuatro años que  López Obrador lleva en la Presidencia de México, lo que denunció entonces el mandatario de la entidad Alejandro Tello Cristerna y algunos ediles como el fresnillense Saúl Monreal Avila.

Con estos recursos se pudieron construir más de mil kilómetros de carreteras, con lo que bien se puede reparar o hacer nueva la carretera Vetagrande – Saltillo, esto en el tramo de unos 6 kilómetros después de la salida de la caseta de cobro asentada en el municipio de Vetagrande, donde los baches superan los 50 centímetros de profundidad y ponen en riesgo la vida de los usuarios.

Salomón Ramírez es una de las personas que transitan regularmente por esta vialidad al municipio de Villa de Cos, y aunque su camioneta es alta ya ha presentado severos daños en las llantas a pesar de conocerla y circular con cuidado, “pero hay unos pozos que no se pueden esquivar y de allí el daño que ha tenido que costear y  de seguir así se pueden provocar accidentes fatales”, por tanto aseveró que es urgente que se devuelvan los recursos del fideicomiso porque crece la necesidad de obras, pero no hay dinero para eso en la entidad.

 

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