En lo referente a la política en la Ciudad de México, en los últimos días me llaman poderosamente la atención dos noticias que involucran a la administración de Miguel ángel Mancera. La primera, el Juez federal Armando Silva, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa en la ciudad, amparó al ciudadano José Oscar V. R. contra el pago obligado de una fotomulta, al considerar que al afectado no le concedió la autoridad sancionadora el derecho de audiencia para su defensa violando su derecho constitucional.
Con este amparo de autoridad federal, queda sin efecto el cobro obligado por la supuesta infracción de tránsito, ya que además, en opinión del juez, la multa tiene la forma de un impuesto recaudatorio que la autoridad no tiene permitido. Mancera defiende el cobro de sus fotomultas alegando que con los límites de velocidad impuestos en las arterias capitalinas se salvan vidas, pero es vox populi que por este medio la autoridad esquilma impunemente a los manejadores de automotor. El fallo del juez Armado Silva es inatacable para cualquier autoridad de cualquier nivel y debe quedar firme. Es un "estate quieto" contundente a la autoridad capitalina y de paso a las de otros estados que con reglamentos o leyes a modo, le sacan dinero al la gente atropellando sus derechos.
Yo apoyo la resolución del juez federal, pero condeno el espectáculo mediático grotesco, por decir lo menos, que dieron montándose oportunistamente en la ola anterior, los senadores de la república: Gabriela Cuevas, del PAN; y Mario Delgado, ex perredista y ex alto funcionario de Ebrard en el gobierno de la ciudad y ahora miembro prominente del partido de López Obrador, que, para salir en la fotografía, pusieron un pegol con la leyenda "clausurado" a una cámara de fotomultas en una calle de la ciudad, fingiendo para quienes se enteraron y no los conocen, su oposición al abuso mancerista. Estos senadores del PAN y Morena están en abierta y desaforada campaña electoral de sus partidos para seguir mangoneando desde el poder, el destino de los mexicanos. Si en verdad se pusieran la camiseta del pueblo, otro gallo nos cantaría.
El otro hecho de importancia para los ciudadanos de la capital, y por todo lo que representa, también para el país entero, es la cascada de controversias constitucionales, es decir, de inconformidades, presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la mismísima presidencia de la república, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Tribunal de Justicia de esta capital, denunciando que muchos de los artículos de la famosa "Constitución de la Ciudad de México", timbre de orgullo de la administración perredista mancerista, contravienen la Carta Magna, ley fundamental de los mexicanos; artículos que establecen "derechos nuevos", exclusivos, según dicen sus escribientes y creadores y que hacen de ella, una "documento de vanguardia". Sin embargo, hasta un niño de primaria sabe que ninguna ley o reglamento en todo el país puede estar en contradicción o encima de la ley suprema de México.
Mancera y un séquito de "doctores en Derecho" y licenciados entre los que destaca Alejandro Encinas que llegó a senador por el PRD y es cercano a López Obrador, violan por sus pistolas en el documento que llaman "Constitución de la Ciudad de México", los artículos tercero, cuarto, 73, de la Carta Magna, así como la Ley General de Salud al permitir el uso médico de la mariguana; para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se violan los derechos humanos de los servidores públicos que podrían ver reducidos sus salarios; la Procuraduría General de la República señala que el artículo mancerista sobre "revocación de mandato", igual, viola la Constitución General de la República. Lo peor es que ya se les había advertido de sus errores y no hicieron caso.
La defensa que hacen los seguidores de Mancera es de que se ataca "su Constitución" por intereses del gobierno federal, del PRI, y "por envidia", sólo merece la piadosa sonrisa de los conocedores, y el beneplácito del pueblo que ya está cansado de tantas ocurrencias de los políticos que, con tal de seguir encaramados en las espaldas del sufrido pueblo, le inventan "derechos", en vez de respetar los que ya están bien establecidos.
A pesar de la gran crisis económica, política y social en que nos ha metido la clase política del país y que no tiene para cuando acabar, ella sigue viviendo con y de acuerdo a su vieja conseja de que "vivir fuera del presupuesto es vivir en el error", disfrutando en su paraíso, y no concibe que el pueblo puede despertar y mandarla como cualquier cosa inútil al basurero de la historia.
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