Yucatán es considerado un estado próspero, en el que, según datos oficiales, los niveles de pobreza y desigualdad disminuyeron sensiblemente. Apoyado en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la medición de pobreza 2022, el gobierno del Estado afirma que 236 mil 700 yucatecos dejaron de ser pobres, como resultado de las políticas estatales en respaldo de los que menos tienen que contribuyeron a mejorar su calidad de vida y, con ello, lograron reducir la desigualdad.
Con estos datos, Yucatán es considerado un Estado con crecimiento económico, donde proliferan las inversiones, principalmente extranjeras, que le han permitido mantener una tasa muy baja de desempleo y un mejoramiento en los salarios; sin embargo, pese a estas buenas noticias, para el ciudadano de a pie y sus familias, las cosas no son tan halagüeñas y no pintan como las describen las autoridades.
Si bien la tasa de desempleo disminuyó e incrementó la cantidad de población ocupada, un importante porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) vive en la informalidad. En los últimos cuatro años, el crecimiento del trabajo informal en Yucatán aumentó casi tres puntos porcentuales, pasando del 58.4 al 61 por ciento.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que, en Yucatán, unos 430 mil trabajadores están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social; en contraparte, unos 750 mil no cuentan con esta protección, lo que genera un importante desequilibrio socioeconómico en la población, que demanda servicios de salud, educación e infraestructura, pero que al emplearse en la informalidad, carecen de seguridad social y prestaciones de Ley.
El reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2023 indica que si bien la entidad mantuvo un porcentaje muy bajo de desempleo (1.4 por ciento), sólo por debajo de Baja California Sur, Colima y Quintana Roo, la informalidad aumentó; además, la encuesta señala que comercio y servicios, particularmente gastronomía -tan extendida y demandada para atender al turismo- son los sectores económicos donde las empresas no registran a sus trabajadores, hecho que marca un fuerte contraste en las ganancias que perciben estas empresas que funcionan de manera formal, pero que no ofrecen seguridad social a sus trabajadores. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) confirmó que, en ese sector económico 6 de cada 10 empleados trabaja de manera informal.
Así pues, a pesar de que crece la economía y el empleo en el Estado, y de la aplicación de programas sociales por parte de la administración que encabeza Mauricio Vila Dosal; 920 mil 200 yucatecos se mantienen en condiciones de pobreza y 750 mil, que tienen la fortuna de contar con un empleo, carecen de seguridad social y prestaciones, por trabajar en la informalidad, a pesar que el 62 por ciento de estos, trabajan en negocios formales.
Este problema sigue creciendo anualmente, como lo señalan puntualmente las estadísticas oficiales, lo que provoca un deterioro en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores al no hacerse efectivos sus derechos.
Por tanto, esta bonanza tan cacareada en la propaganda del gobierno, no es tal, pues no basta que la economía crezca, que disminuya el desempleo, si la pobreza de un importante número de ciudadanos se mantiene y hasta se agudiza, por carecer de los beneficios de contar con un empleo formal bien pagado. Se hacen necesarias cada vez más, mejores políticas públicas que incidan verdaderamente en el mejoramiento del entorno material en el que viven miles de familias en todo el Estado, en particular en Mérida y municipios conurbados; urge resolver problemas de falta de vivienda, regularización de asentamientos humanos populares para que estos tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, electrificación, drenaje, pavimentación de calles, escuelas, espacios recreativos, deportivos y culturales, así como apoyo a la producción.
Mientras eso no ocurra, el crecimiento económico únicamente se reflejará en el bolsillo de los dueños de las empresas y negocios, como ocurre en todo el país y el mundo; de poco sirve que en Yucatán el desempleo disminuya, si la mayoría de los trabajadores se desempeña en la informalidad, se autoemplea y sus salarios son de hambre. Urge pues, una equitativa distribución del ingreso y una reorientación del gasto social que realice el gobierno, en beneficio de los trabajadores más desfavorecidos; solamente así, la disminución de la pobreza y desigualdad, será una realidad.
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