Un Gobierno de un partido que se dice de izquierda y otro de un partido que teóricamente es (¿o fue?) el heredero histórico de la Revolución Mexicana; ambos, que se ostentan como democráticos y ejemplos de buenas administraciones, han cometido una de las más grandes violaciones a los derechos humanos en contra de una parte muy vulnerable del pueblo mexicano; han realizado una de las injusticias más desmedidas que se hayan cometido en los últimos tiempos, no sólo contra la organización de Antorcha, sino en contra de otros grupos sociales.
El pasado 29 de agosto, luego de que un grupo de golpeadores, supuestos ciudadanos independientes, por órdenes superiores agredieran brutalmente a hombres, mujeres, ancianos y niños, antorchistas y estudiantes, que mantenían un plantón indefinido y totalmente pacífico por demandas sociales, enfrente del palacio municipal de Ecatepec, Estado de México, los cuerpos policíacos, armados hasta los dientes, con todo y policía montada, al puro estilo de la época del zarismo en Rusia cuando se usaba a los cosacos para reprimir al pueblo, arremetieron después con excesiva violencia contra los manifestantes, dando como resultado desaparecidos, detenidos y más de 30 heridos; toda esta escena de bestial represión, ordenada desde el Gobierno de Eruviel ávila Villegas.
El pasado 30 de agosto en la madrugada, Graco Ramírez Abreu, a través de las fuerzas policiales del mando único, desalojó con violencia el plantón que desde el 18 de ese mes mantenía el Frente Amplio de Morelos (FAM), integrado por ciudadanos de diversas ideologías y organizaciones (incluidos los antorchistas) hartos de tanta injusticia, pobreza e inseguridad.
Antes de esta inhumana represión, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el presidente de Ecatepec, Indalecio Ríos Velásquez, se habían negado a resolver peticiones de educación, de vivienda, de apoyo al campo, de servicios básicos enarboladas por los peticionarios, y habían desatado una feroz campaña de medios insultándolos y calumniándolos seguramente por considerarlos sus "enemigos" políticos. En Morelos, además, la dirigente estatal antorchista Soledad Solís Córdova, fue amenazada de muerte, por el gobernador, mediante anónimos telefónicos.
Con estos desalojos se consuma, pues, parte de la forma de Gobierno de personajes que entre sí parecieran no tener afinidad pero que, en los hechos, actúan casi de la misma forma y, en este caso, casi simultáneamente. Llama la atención a propósito de esta manera similar de actuar de los gobernantes aludidos en contra de los antorchistas, otro fenómeno, aparentemente desconectado, pero que pareciera estar pensado para apuntalar esa campaña general en contra del antorchismo cuyo propósito sería el de desprestigiar a la organización, el de intimidarla y frenarla toda vez que a nivel nacional y en particular en lugares como el Estado de México, nuestra agrupación es una fuerza de masas muy grande y significativa cuya inclinación política puede definir las próximas elecciones en algunos estados. Se trata de los ataques mediáticos de un destacado panista, ex director de la Conagua en tiempos de Felipe Calderón (que, como afirmó el prestigiado ecologista y experto en temas del medio ambiente, doctor Ojeda Mestre: "Durante su desempeño no se limpió absolutamente ningún río del país"). Este político de ultraderecha, en su momento funcionario inútil para los mexicanos, arremete contra los antorchistas y sus líderes calificándolos de "invasores", "golpeadores", "corruptos", etc., para oponerse, aunque sin argumentos verdaderos, científicos, sólidos, a un gran proyecto para la generación de empleos, de educación y de desarrollo deportivo que beneficiará a decenas de miles de chimalhuacanos cuyo Ayuntamiento municipal, de común acuerdo con las leyes y normativas establecidas, gestiona con las autoridades correspondientes, dentro de las cuales se encuentra el Gobierno federal.
Pero ese Gobierno federal, cuyos representantes actuales cumplen ya 4 años en funciones con muy bajos niveles de aceptación y popularidad, a pesar de tener conocimiento de la represión y nula respuesta en Morelos y Ecatepec, Estado de México, y de tener la posibilidad de desmentir a Luege, ¿qué dice?. En particular la Secretaría de Gobernación federal, la que por ley debe ser la garante de que se respete el Estado de Derecho, que no se violente la Paz Social, que haya Gobernabilidad ¿qué hace ante estos atropellos que sufren miles de ciudadanos?.
Hasta el momento no hay una respuesta que deje satisfechos a los agraviados. Por eso es que el Movimiento Antorchista, sabedor de que será víctima de nuevas y más despiadadas campañas mediáticas, pero consciente de que ante tales actos de represión y guerras de lodo no queda otro camino más que el de la lucha organizada, legal y pacífica, pero enérgica y masiva, en caso de persistir la política de represión política y administrativa, continuará con su campaña de denuncia y movilización nacional exigiendo la intervención de la Secretaría de Gobernación, para que ponga un alto a quienes pisotean la ley en agravio de miles de mexicanos humildes.
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