El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que son derechos del ciudadano: votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establezca la ley.
Ya faltan poco más de dos semanas para las elecciones de medio término, el próximo 6 de junio, consideradas las mayores de la historia por los más de 21.000 cargos de elección popular en disputa, entre ellos la Cámara de Diputados (500 curules), 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales y miles de municipios y alcaldías. En medio de todo ello, López Obrador, busca mantener la mayoría de su partido en el Congreso y para esto no duda en echar mano de todos los recursos a su alcance para cumplir con su cometido.
En este gobierno de la “Cuarta Transformación” todo se concentra en la palabra y en las iniciativas del presidente de la república, quien está metido en todo, desconociendo el equilibrio de poderes, controla totalmente al Legislativo y está en proceso el control absoluto del Judicial, para lo cual pretende ampliar contra todo derecho el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos testigos de la embestida que desató contra los órganos electorales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se han construido durante décadas, precisamente para contener y regular los excesos de poder por parte de los gobiernos.
En la mañanera del jueves 22 de abril, furibundo por la ratificación del TEPJF, con respecto a la determinación del INE, en cuanto a la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco a gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente, declaró, que la determinación era un atentado contra la democracia en México porque no se respetó la voluntad del pueblo, que es quien manda, pero AMLO se olvida que la democracia tiene reglas acordadas, por eso no se afecta ningún derecho democrático, simplemente, si se violan las normas, hay una sanción e imponerla no es antidemocrático es simple y llanamente cumplir con la obligación de hacer respetar la ley.
AMLO y su gobierno, descalifican a las autoridades electorales, garantes de la democracia, a fin de poder desaparecerlos sin recibir reclamos de los mexicanos, pero el verdadero motivo es que no se alinean a su política centralista y ejercen la autonomía que les confiere la Constitución. Por eso los acusa de ser organismos “muy caros”, que además están “al servicio de los anteriores gobiernos”.
Lo mismo intenta hacer con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Todos estos órganos autónomos, se crearon por la necesidad de poner en manos de expertos las decisiones técnicas y complejas que exigían independencia de los intereses públicos y privados.
Una vez más es evidente que Morena y López Obrador no representan los intereses de las grandes mayorías de nuestro país, a casi tres años de gobierno podemos evaluar la política de la “Cuarta Transformación”, ¿creció la economía? ¿Bajó la gasolina? ¿Bajó la luz? ¿Mejoró la educación? ¿Hay más seguridad? ¿Ya domó la pandemia? Claro que no. Pero en contra partida tenemos que los 13 angelitos más ricos de nuestro país, han acrecentado su fortuna hasta llegar a 136 mil 300 millones de dólares, creciendo en un 35 por ciento respecto a la que tenían un año antes. Vaya que si le está dando resultados a la clase poderosa.
Saque usted sus propias conclusiones, amigo lector, y el próximo 6 de junio, emita su voto de manera razonada y rescatemos el régimen republicano en nuestro país. Ni un voto a los candidatos de Morena.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario