¡Se vale soñar! Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la mayoría de la gente nacida en Baja California Sur y la que llegó a probar mejor suerte a estas tierras, eso quieren, que las leyes sean respetadas, no solo en el discurso, sino que se lleven hasta el terreno de los hechos con cabalidad porque cada ciudadano tiene derechos y obligaciones que debe gozar y respetar.

La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos deben ser garantizados por el Estado a sus ciudadanos, mientras las obligaciones disponen las responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. 

En México la máxima ley es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de 1917, donde se plasman derechos humanos que en nuestros tiempos no deberían seguir siendo un sueño para la mayoría.

La realidad es que muchos no conocen sus derechos y, por lo tanto, no le exigen al gobierno en turno que implemente todos los mecanismos posibles para que cada derecho se concrete.

Recordaré sólo algunos: el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la educación, a la salud, al voto, al trabajo, a la vivienda, a la propiedad privada. 

Amable y sencillo lector, le pido que reflexione y haga tantita memoria para recordar a cuántos funcionarios ha conocido que le han negado alguno de derechos humanos antes mencionados. Sí, yo también recordé a más de dos; sin embargo, hay uno que no me deja de sorprender, se me vino a la memoria cuando hace un par de meses en uno de sus circos mañaneros dijo: “no me vengan a mí con que la ley es la ley”. ¡Esos son los representantes del pueblo! 

Aquí en nuestro estado también existen funcionarios de mecha corta que siguen pensando que la ley se debe seguir aplicando en los bueyes de sus compadres, pero no en los de ellos. Cuando una persona o grupo alza la voz, vienen los ataques y calumnias por parte de los poderosos y hasta por los de sus hermanos de clase, no comprenden que también son víctimas de los males que causa la pobreza.

Todos los servidores públicos que ocupan un cargo importante, a la hora de rendir protesta, juran respetar la constitución y todas las leyes que de ella emanen, sin embargo, muy rápido se les olvida. 

Hoy más que nunca se requieren mecanismos serios para hacerle justicia a los olvidados de siempre, a ese pueblo que con sus manos y sudor genera la riqueza este estado y todo el país.

¿Qué pasaría si el gobierno le diera la vuelta al embudo, donde ahora la parte más ancha se destinará para educación, salud, energía eléctrica, drenaje, agua potable… en las colonias y pueblos con mayor necesidad? En ese momento los derechos empezarían a volverse una realidad. Luchemos conscientes y organizados para lograrlo.