La reciente aprobación sin modificaciones del Presupuesto Federal para 2024 por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ha generado preocupación y cuestionamientos en todo México. Este acto legislativo, que debería ser un ejercicio de responsabilidad y transparencia, parece haberse convertido en un mecanismo para consolidar el poder y satisfacer intereses personales, en lugar de servir a los intereses de la nación y su gente.
Uno de los aspectos más alarmantes de este presupuesto es la reducción de fondos destinados a instituciones fundamentales como el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral (INE). La independencia y fortaleza de estas instituciones son piedras angulares de cualquier democracia saludable.
Un Poder Judicial débil y un INE limitado en recursos ponen en peligro el sistema de pesos y contrapesos que garantiza la separación de poderes y evita la acumulación de poder en manos de una sola figura. Esto es un recordatorio inquietante de la importancia de mantener un equilibrio de poder en una democracia robusta.
La reducción de recursos para los estados y municipios debido a la disminución de la carga fiscal a Pemex es otro aspecto problemático de este presupuesto.
La carga fiscal reducida a Pemex es, en esencia, una subvención encubierta a una empresa que ha demostrado ser un barril sin fondo en términos de eficiencia y transparencia. Al financiar a Pemex gastos de servicios esenciales como seguridad, educación y salud, se perjudica directamente a millones de mexicanos. Esto no sólo es injusto, sino también insostenible a largo plazo.
Mientras se recortan fondos para las instituciones y los servicios esenciales, el presupuesto asigna recursos adicionales al controvertido proyecto del Tren Maya. Las críticas ambientales y las dudas sobre su viabilidad económica han rodeado a este proyecto desde su inicio, pero además de la inversión en infraestructura, se debe cuestionar si este es el proyecto más urgente y necesario, en medio de cosas que necesitan atención.
Un aspecto aún más preocupante es la falta de recursos destinados a la reconstrucción tras el devastador huracán “Otis” en Guerrero.
Negar fondos por motivos políticos en un momento en que la población necesita desesperadamente apoyo y reconstrucción es inhumano. La crisis humanitaria no puede esperar y poner obstáculos políticos en el camino de la ayuda es una traición al deber de cuidado del gobierno hacia su gente.
El presupuesto 2024 representa un golpe a la democracia, a las instituciones, a los estados y, lo que es más importante, a la gente más necesitada de México. La falta de equidad en la asignación de recursos y la priorización de proyectos controvertidos sobre las necesidades básicas de la población son signos preocupantes de una agenda que no parece estar en sintonía con el bienestar de la nación.
Es hora de que los diputados escuchen a la ciudadanía y modifiquen este presupuesto. La democracia y el bienestar de México no deben sacrificarse en el altar de intereses personales y políticos. De lo contrario, las consecuencias a corto y largo plazo para nuestro país podrían ser profundamente perjudiciales. Es el momento de actuar en defensa de una democracia fuerte y de una inversión responsable en el futuro de México.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario