Todavía se recuerda la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando en uno de sus discursos del año 2006 acusó que “le robaron la elección” y mandó “al diablo las instituciones”, por su enojo agarró parejo, sin hacer ninguna distinción lanzó la cargada contra los organismos que han servido para vigilar o regular al gobierno para que no se exceda en el uso del poder.
Y la confrontación que AMLO inició desde la campaña en el año 2018 se ha materializado ahora que es el presidente de México, y son los organismos autónomos los que más sufren la cargada pues son un contrapeso ante las decisiones unilaterales de las autoridades.
Aun así, estos sirven para poner “límites” al gobierno y ya algunos con mucha experiencia han sufrido severos señalamientos públicos muy al estilo de la 4T, pero parte del problema es que fueron creados por la autoridad y no directamente impulsados por el pueblo que debiera protestar ante los atropellos que les aplica el presidente. Hoy la realidad nos dice que vamos en retroceso y una muestra son las constantes reformas a la constitución para que por medio de mandato legal se ejecuten los cambios que le convienen a Morena y la guerra contra ellos va en detrimento de la inmensa mayoría de mexicanos.
Por ejemplo, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al final de cuentas quedó a modo de la 4T con Rosario Ibarra de Piedra para defender a Morena. Y le toca el turno al Instituto Nacional Electoral (INE) argumentando que “es un alcahuete, que está de florero, que cuesta muy caro mantenerlo y no beneficia en nada al pueblo”, ya tiene rato que está cuestionándose su credibilidad como árbitro electoral y veremos más en los próximos días con el hecho de que no dejaron pasar a sus candidatos en el estado de Guerrero y Michoacán por violar el reglamento vigente.
Pero hay otros casos que no resistieron el golpeteo mediático secundando las declaraciones del mandatario federal y reitero que es un error seguir violentando estas estructuras como en su momento lo hizo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, con la Comisión Reguladora de Energía o el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, o bien con la Auditoría Superior de la Federación que finalmente le dio la razón al que decía que tenía otros datos.
Como sabemos, la estructura de la sociedad mexicana está definida por las clases sociales y esto genera choques irremediables entre sí por las contradicciones más frecuentes dada la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, por lo que la existencia de entes neutrales y vigilantes de la justicia son necesarias para que no haya abusos del poderoso hacia el débil, pero en los hechos así están las cosas.
Es a través de las instituciones como se recogen los intereses de ambas partes contendientes y se puedan poner de acuerdo respetando los derechos de cada una garantizando la existencia del sistema en su conjunto.
Es con la ley y a través de estos organismos como se logra el espacio donde convergen las disimilitudes y las oposiciones de los miembros de la sociedad ya sea en forma individual o por grupos, es el ámbito donde dichas oposiciones pueden y deben encontrar su mejor solución, donde y deben armonizarse, para dar como resultante general la satisfacción de todos los ciudadanos y, en consecuencia, la estabilidad y la tranquilidad de todo el edificio social.
Pero López Obrador no ha entendido el carácter dialéctico de la ley y de la función de éstos se echa por la borda, se olvida que son instrumentos reales con las que puede garantizar la satisfacción de ambas partes, se atacan los únicos espacios de verdadera concertación para dar una salida pacífica a sus conflictos internos sin desestabilizar al conjunto y con semejante conducta del presidente se siguen sembrando rencores en los ciudadanos, se les orilla a la desesperación, a la desconfianza y finalmente a la deslegitimación del poder público.
Estando así las cosas, todos, progresistas y no progresistas, gobernantes y gobernados, “fifís y chairos” debemos respetar la ley y las instituciones, quien la quebranta, quien la transgrede quien la hace a un lado alegando razones de orden superior o imperativos de política práctica, está atentando, lo sepa o no, en contra de uno de los pilares fundamentales de la paz social y está creando condiciones que, llegado el caso, solo servirán de combustible a los conflictos que, aparentemente, pretende conjurar.
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