A pesar de la exigencia de decenas de miles de personas de todo el país, para que la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero investigue de forma profesional y acomedida el caso del asesinato de dos líderes antorchistas: Conrado Hernández y Mercedes Martínez, y de su hijo Vladimir, no se ha informado de los avances en las pesquisas que lleven a la aplicación de la justicia de los responsables del crimen.
Si tomamos en cuenta todas las acciones públicas de exigencia para que las autoridades den con los responsables que privaron de la vida a los luchadores sociales agremiados al Movimiento Antorchista, sabremos que decenas de miles de mexicanos que de forma empática y solidaria han participado en mítines, cadenas humanas, conferencias de prensa, volanteo y pinta de bardas para que el gobierno aplique la ley.
184 mil 151 homicidios dolosos: esto es consecuencia de la política de “abrazos, no balazos” que implementó López Obrador y que, de ganar la contienda electoral, tendría continuidad.
Tan solo en el marco de la conmemoración del “Día de los Mártires Antorchistas” edición 2023, fueron más de seis mil antorchistas de todos los estados del país, que marcharon por las principales calles de la ciudad de Chilpancingo.
El 14 de abril fueron más de tres mil mexicanos los que de nueva cuenta acudieron a la capital guerrerense para clamar justicia. Otros tantos, lo han hecho mediante artículos de opinión, boletines de prensa, en las redes sociales y otros medios a su alcance, por lo que no se entiende por qué las instituciones no muestran interés en el tema que es sobre lo más preciado que tiene la humanidad: el derecho a vivir y realizarse como individuo en medio de una sociedad que debe brindar seguridad, paz y tranquilidad.
Para conmoverlos en su postura, los antorchistas también han declamado poesía, han cantado y bailado llamativas creaciones dejando claro que lo único que exigen es que se haga justicia para sus compañeros, pero tampoco han tenido éxito.
Cabe destacar que se ha pedido la intervención directa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México. Quienes imploran justicia han acudido a las puertas de su palacio, pero también han acudido a la histórica plaza “Primer Congreso de Anáhuac”, en el centro de la ciudad de Chilpancingo, justo en frente de las lujosas oficinas de la morenista Evelyn Salgado, donde han resonado consignas como “cárcel y castigo para los asesinos”, que resume la exigencia nacional por justicia en Guerrero.
Sin embargo, nada conmueve a las autoridades investigadoras y aplicadoras de la justicia. ¿Será que las autoridades protegen a quien ordenó el crimen? ¿Es que de verdad se trata de un asesinato de carácter político que puede alcanzar a personajes importantes?
Desde luego que la impunidad es lo predominante en Guerrero, en el evento del día 14 del presente mes, Homero Aguirre, vocero nacional del Movimiento Antorchista y principal orador, sostuvo que el caso de Conrado, esposa e hijo, son parte de las cerca de mil 200 carpetas de homicidio doloso abiertas en 2023 en el estado de Guerrero, de las cuales no se ha resuelto ni una sola.
Los antorchistas no podemos aceptar que se normalice la violencia que termina con lo más preciado del mundo terrenal, la vida. De acuerdo con el conteo puntual que lleva el prestigiado columnista Joaquín López Dóriga en su programa de Grupo Fórmula, al medio día del 15 de abril el número de víctimas de la inseguridad era de 184 mil 151 homicidios dolosos.
Esto es consecuencia de la política de “abrazos, no balazos” que implementó López Obrador y que, de ganar la contienda electoral, tendría continuidad la abanderada morenista Claudia Sheimbaum Pardo. Tras casi seis años del sexenio de AMLO, que desde el inicio se lanzó contra personas y grupos sociales con todo el aparato de gobierno, porque aseguraba eran los causantes de los problemas del país, (pero con el claro propósito de desprestigiar la lucha social legítima y terminar con la organización popular de los mexicanos), los antorchistas podemos declarar que salimos victoriosos de la arremetida aunque nos queda claro que ser activista social sigue siendo una ocupación de alto riesgo.
Como activista constantemente se es asediado por políticos, empresarios y hasta por personas a título individual que ven en la actividad diaria un peligro para sus intereses, pero ya estamos aquí, ni modo de quedarnos callados.
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