El pasado 29 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados una propuesta energética que pretende priorizar las plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho al sistema eléctrico nacional y relegar las plantas de energía renovable de la iniciativa privada, cancelar permisos de autoabasto eléctrico, así como eliminar la obligación para que la subsidiaria CFE Suministro Básico -que atiende a 45 millones de clientes- compre luz de las Subastas Eléctricas derivadas de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Esa reforma discrimina la competitividad económica de la participación del sector privado, principalmente las plantas de energía renovable, más económicas, y en el plano social, evita que energías más limpias y baratas se distribuyan en el país y que se beneficie a millones de mexicanos que, agobiados por las alzas indiscriminadas que la CFE realiza, buscan alternativas para evitar los impactos negativos del vaivén económico que padece México y que lesiona a los más desprotegidos, a los que menos tienen, a la gente pobre que desafortunadamente en el país hay millones.
El rechazo a la propuesta energética de López Obrador es abrumadora, sólo aprobada porque su partido Morena tiene mayoría en el Congreso de la Unión, como lamentablemente ha ocurrido con otras leyes y programas que con anterioridad beneficiaban a la ciudadanía por el sólo hecho de no haber sido propuesto por el Presidente o haber sido creados por otros mandatarios emanados de diferentes partidos, fueron eliminados de un plumazo con las lamentables repercusiones que hoy los mexicanos viven.
Desde su presentación, la propuesta de AMLO fue rechazada tajantemente por grupos ambientalistas que señalaron que implica “graves” impactos al medio ambiente y a la salud de los habitantes de México. El favorecer a las hidroeléctricas y centrales contaminantes de la CFE que usan carbón o combustóleo, se impulsan proyectos que generan gases contaminantes con efectos en contra de la salud, como enfermedades y trastornos respiratorios, además de que son la principal causa del cambio climático y algunos de ellos contribuyen también a la contaminación atmosférica.
Ante la realidad que actualmente vive nuestro país en materia de salud ocasionados por la pandemia de la covid-19, existe la imperiosa necesidad de reconstruir la economía a partir de medidas y políticas más sostenibles, que ayuden a la población a superar los estragos vividos, como la muerte de seres queridos, el desempleo, el endurecimiento de sus condiciones de vida y en ese sentido, precisamente la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias es una solución clave para esa recuperación.
Pero al parecer al presidente López Obrador no le interesa en lo absoluto esa necesaria reparación económica de la población, a pesar de que en campaña infinidad de veces ofreció que la energía eléctrica bajaría sus tarifas en beneficio de la población, hoy los mexicanos vivimos una severa realidad, con aumentos de más el 35 por ciento en ese servicio básico y que impacta en toda la economía pues inevitablemente la carestía de la vida va al alza.
No queda duda de la certeza de las afirmaciones de las empresas de energías renovables en México, quienes aseguran que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador es la más devastadora para el país por sus posibles impactos a la economía.
“Es la más destructiva de todos los intentos del gobierno en el sector eléctrico desde hace más de un año, pero no solo por su impacto en el sector, sino por las consecuencias para la economía de México”, declaró en entrevista para Forbes México el vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energías Renovables (AMDEE), Julio Valle.
No se logra comprender porque no impulsar la producción barata de electricidad -aunque sabemos que el Presidente no pretende soltar la rectoría del Estado sobre la producción energética por los altos ingresos que le genera a las arcas de la Nación-, pues los costos de generación derivados de las subastas eléctricas son menores, con precios de 650 pesos por MegaWatt-hora (MW-h), incluido el Certificado de Energía Limpia (CEL), frente a los mil 400 pesos por MW-h que ofrece la CFE, es incomprensible que el presidente no quiera que los mexicanos seamos beneficiados de esas tarifas que en mucho ayudarían a las familias, principalmente a las que menos recursos tienen, a la gente pobre.
No hay comparación en los costos, es más del doble, por ello es un insulto a la inteligencia de cualquier persona que el gobierno pretenda controlar la producción de la energía eléctrica, con tecnología a todas luces casi obsoleta y más cara y que al final de cuentas encarece las tarifas. ¿Cómo lo remedian?, con subsidios que impactan la economía del país y hay “el dato” de la misma CFE que tan sólo en el 2019, el gobierno de López Obrador entregó a CFE subsidios por 75 mil millones de pesos para las tarifas eléctricas.
Ese recurso, que emana de los impuestos de todos los mexicanos, bien pudiera ser canalizado a programas sociales verdaderos que impulsen el abatimiento de la pobreza que existe en México, para impulsar la generación de empleos, el fortalecimiento del sector salud y de tantas acciones que en el corto o largo plazo ayuden a los mexicanos a elevar sus condiciones de vida y al país a convertirse en una verdadera oportunidad de inversión para empresas extranjeras que contribuyan a mitigar las desfavorables condiciones económicas que se viven en actual administración federal.
Afortunadamente, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro suspendió de manera indefinida la polémica reforma “para proteger los derechos de libre competencia”. Y sin duda mueve a risa los argumentos de López Obrador de que tiendas transnacionales como Waltmar y Bimbo o grandes cadenas comerciales como Oxxo pagan menos que una tiendita de la esquina, de ahí que quiera anular la reforma energética de Peña Nieto.
Por eso llamo a todos los mexicanos a luchar organizadamente para exigir mejores condiciones de vida, pues queda claro que ninguna de las reformas propuestos de AMLO y aprobados en el Congreso de la Unión, no beneficia a la clase trabajadora, es por eso que próximo 6 de junio a través del voto popular se le quite el congreso a Morena para impedirles que hagan reformas y otras cosas peores como su mentada Reforma Energética, que en nada beneficia al país, lo verdaderamente se necesita es acabar de raíz la pobreza y desigualdad social.
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