La lucha por la vida de “los que no poseen nada, de los que consumen hoy lo que ganaron ayer”, alimenta la movilidad constante de miles de mexicanos hacia la capital del país, generando con ello un incremento exponencial del número de habitantes que buscan oportunidades de empleos que no encuentran en sus lugares de procedencia.
El incremento de población en las grandes ciudades elevan el costo de la vivienda que requieren los nuevos trabajadores capitalinos, quienes generalmente obtienen sueldos de miseria debido a que en el mercado laboral hay decenas de candidatos a ocupar el espacio conseguido después de mucho buscar y batallar.
A pesar de que consigan cuartos solos o pequeños “departamentos” en vecindades -en donde comparten baño con otros inquilinos-, a los nuevos capitalinos no les queda de otra que pagar la cantidad que les piden los caseros, quienes se aprovechan de la necesidad de la gente pues saben que hay más personas interesadas en ocuparlos y, como todos sabemos aunque no seamos economistas, la demanda determina el precio de las mercancías. Es decir, la vivienda popular es más cara cuando más demandantes tiene, lo cual es muy frecuente dada la gran cantidad de gente que llegan a la capital.
Para no seguir echando el dinero -que mucho les cuesta obtener- en el saco sin fondo de renta de vivienda, millones de familias mexicanas prefieren hacerse de un terreno -aunque sea en zonas de alto riesgo como laderas de cerros, terrenos inundables y márgenes de ríos-, para construir sus modestas viviendas al ritmo que puedan. Así surgen los asentamientos irregulares, en donde generalmente las viviendas están construidas con materiales de desecho y, por tanto, presentan deficientes condiciones de habitabilidad, pues carecen de servicios urbanos básicos como agua potable y drenaje, entre otros, pero eso no importa porque al fin y al cabo ya serán los dueños de buenas o malas viviendas, pero suyas al fin.
En resumen: los asentamientos irregulares tienen su origen en la necesidad de vivienda barata de millones de trabajadores mal pagados a pesar de que laboran entre 14 o 16 horas diariamente. ¿Durante todas esas horas los obreros o empleados no pueden generar más que 141 pesos con su trabajo, que es el salario mínimo? No. Lo cierto es que los dueños de las fábricas o empresas, con el pretexto de que ellos invierten y que todo el equipamiento es suyo, se quedan con la mayor parte de la riqueza que la gente genera durante su jornada de trabajo y es tan poco lo que regresan a los trabajadores, que a estos nunca les sobra nada, o muy poco, para solventar alguna emergencia.
De este tipo de trabajadores se pobló el cerro del Chiquihuite hace alrededor de 50 años y hace 20 años la Laguna de Chiconautla en Ecatepec, Estado de México, y por la misma causa se han formado todas las colonias y pueblos que en los últimos días han sufrido desgajamiento de cerros e inundaciones y que han dejado muertes y sufrimiento a miles de mexicanos.
Grande es el peligro que corren los habitantes de todos los asentamientos humanos instalados en zonas de alto riesgo. Entonces ¿por qué las autoridades gubernamentales no hacen nada para que los trabajadores obtengan mayores ingresos por las labores que desempeñan diariamente para que por lo menos puedan cambiar su vivienda a lugares más seguros? Las instituciones gubernamentales no se hicieron para proteger los intereses de los trabajadores, sino para defender y proteger los intereses de los dueños del dinero, por eso el aumento anual del salario mínimo es irrisorio, aunque el actual presidente de la república diga lo contrario.
Pero, si el gobierno no ordena a los empresarios aumentar sustancialmente los salarios, entonces ¿por qué no brinda vivienda segura a toda la gente que está en zonas de alto riesgo? ¿Por qué no la traslada a terrenos seguros y les da facilidades para construir sus viviendas? Porque eso tampoco está en el interés de los gobiernos tradicionales, incluidos los de la 4T. A ellos lo que le interesa es hacer obras monumentales que beneficien a los más ricos, como buenas carreteras, tren turístico o aeropuerto diferente al proyectado anteriormente para que se beneficien los empresarios que llevaron al poder al presidente de México y a diversos políticos. Y no solo eso, el gobierno de la 4T también desapareció el Fideicomiso Fondo Desastres Naturales (Fonden) que estaba destinado a apoyar a los mexicanos en desgracia por desastres naturales. Ahora, ni siquiera hay dinero etiquetado para eso y, aunque el gobierno federal diga que está apoyando a los damnificados, nadie sabe en qué ni en dónde.
El gobierno federal debiera brindar vivienda popular segura a los millones de mexicanos que cada año arriesgan sus vidas en terrenos en zonas de alto riesgo o, por lo menos debiera construir cárcamos o colectores semiprofundos para que desalojen el agua en terrenos inundables. Reaccionar luego de que el agua se llevó la vida de varios mexicanos, como fue el caso del derrumbe en el cerro del Chiquihuite -en el que seguramente también influyó el temblor del pasado 6 de septiembre- o las inundaciones en Ecatepec y responder luego de varios días de las inundaciones y, sobre todo, después de las protestas públicas de los afectados porque sus gobiernos no los atienden, hablan de un gobierno absolutamente insensible al dolor humano.
En México necesitamos gobiernos que no vean como un gasto la construcción de obras públicas para beneficiar a los mexicanos medios, sino que las vea como una inversión para proporcionarles mejores condiciones de vida.
No podemos asegurar que con gobiernos humanistas y sensibles se acabarán los fenómenos naturales porque ellos tienen su causa en el cambio climático. Pero lo que seguramente sí sucederá es que trabajarán para revertir todo el daño que el sistema actual le ha hecho al planeta y con ello, lograr que los humanos tengamos una mejor calidad de vida.
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