Hay claros riesgos por daños en las casas, explican, y delegación del Bienestar Hidalgo no los atiende
Pachuca, Hgo. A más de cien días de la tragedia desatada por las intensas lluvias del pasado 9 de octubre, cientos de familias denuncian desatención por parte de la delegación del Bienestar Hidalgo y, al mismo tiempo, denuncian que no recibieron apoyos económicos suficientes, fueron excluidos de los padrones oficiales y, sobre todo, se les niega una solución de reubicación segura; esto ha orillado a cientos de damnificados a regresar, arriesgando su vida, a las mismas viviendas que las autoridades declararon “inhabitables”.
Gustavo Vivanco, responsable de Antorcha Campesina en la región, confirmó este miércoles lo que en las comunidades se vive con angustia: entre 150 y 170 pobladores de Chapula, uno de los puntos más golpeados, han retornado a sus hogares siniestrados.
“La gente se ha visto obligada, a pesar del riesgo, porque dicen ‘desalojen, no pueden vivir aquí’, pero no dan opción de a dónde se pueden ir a vivir”, declaró con frustración tras una nueva visita infructuosa a la delegación federal de los Programas para el Bienestar en Pachuca.
Los afectados aseguran que el retorno a sus viviendas siniestradas no es por decisión, sino por necesidad y desesperación. Las rentas en las cabeceras municipales, como Zacualtipán, son inalcanzables para familias que lo perdieron casi todo.
El primer y, en muchos casos, único apoyo económico recibido –20 mil de pesos por familia– se evaporó rápidamente en alimento, ropa, medicinas y alojamientos temporales:
“Eso no alcanza para un pedazo de terreno”, sentencia Yolanda Morales, habitante de la colonia 11 de Abril en Zacualtipán, quien a sus más de 60 años, y con tres hijos a cargo, vive con el miedo constante a que un nuevo deslave se lleve lo poco que le queda. “Así estamos; no nos queda de otra”.
Vivanco, además, denunció que el censo federal inicial dejó fuera a cientos de familias necesitadas. Calcula que al menos 500 habitantes de Tianguistengo, 250 de Zacualtipán de Ángeles y un número indefinido de Juárez Hidalgo quedaron excluidos.
Las razones: muchas no se encontraban en sus domicilios –refugiadas con familiares o en albergues improvisados– cuando los Servidores de la Nación realizaron el levantamiento, y otras perdieron sus documentos de identidad bajo el lodo y los escombros.
Ante esta omisión, la petición de abrir una nueva etapa del censo ha sido constante. Sin embargo, la respuesta de la delegación del Bienestar ha sido, según los afectados, evasiva y dilatoria.
“Nos argumentan que la primera etapa concluyó y que era inviable incluir a más personas para el primer monto de apoyo”, explicó Vivanco.
“Nosotros insistimos en que se considere a todos los afectados. Que si bien 20 mil de pesos no son suficientes para recuperar una vivienda, de algo les ayuda”.
Más urgente que el apoyo económico inmediato es la solución habitacional definitiva. En colonias como 11 de Abril, La Joya, J. Trinidad y El Pantano, en Zacualtipán, más de 70 familias viven sobre suelos inestables, con la certidumbre de que la próxima temporada de lluvias puede ser catastrófica. “Es necesaria la reubicación… corren riesgo de quedar enterrados en algún alud”, alertó el dirigente antorchista.
No obstante, la gestión para una reubicación está estancada. Las autoridades estatales derivaron la responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a nivel federal, prometiendo un recorrido de evaluación por las zonas siniestradas. “Hasta ahora ese tal recorrido no se ha hecho, no se ha concretado”, lamentó Vivanco.
La falta de avances se refleja en la imposibilidad de sostener incluso una reunión con el delegado federal, Abraham Mendoza Zenteno. Los representantes de los damnificados relatan que ya en cuatro ocasiones han acudido a las instalaciones de esta delegación federal, sin que a la fecha hayan sido recibidos por el delegado.
La tragedia que viven cientos de familias de Chapula, Tianguistengo, Zacualtipán, Juárez Hidalgo, entre otros municipios, es la de un doble desastre: primero, el natural, arrasador e implacable; después, el institucional, marcado por la lentitud, la exclusión y la falta de una visión integral de recuperación. Mientras las familias retornan a sus casas agrietadas, con el oído puesto en el cielo esperando la próxima lluvia, las promesas de reubicación y apoyo completo siguen empantanadas en los escritorios de las delegaciones, convirtiendo una emergencia climática en una crisis humanitaria evitable.
La Sierra Alta de Hidalgo clama por una respuesta que, a más de tres meses, aún no llega. Ante esta situación, el Movimiento Antorchista Hidalguense anuncia una marcha en la capital hidalguense, que concluirá en la delegación del Bienestar Hidalgo, buscando visibilizar el abandono gubernamental que vive este sector de damnificados.
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