El 1° de agosto se realizó la primera consulta popular solicitada por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los expresidentes. El mandatario prefiere gastar dinero en sus caprichos cómo lo ha sido el Tren Maya, Refinería y ahora la Consulta Popular. Por el contrario, está dejando sin medicamentos a niños con cáncer, material quirúrgico para médicos, vacunas para combatir la covid-19 y la falta de alguna política pública para apoyar la economía de los mexicanos.
Su mundo de fantasía denominada “Cuarta Transformación” nos hunde poco a poco a todos los mexicanos. Sin embargo, indaguemos más sobre la consulta popular, en términos de la democracia participativa institucionalizada, los mecanismos de participación en el ámbito federal se reflejan en el plebiscito, referéndum y/o consulta popular, en palabras de Boaventura de Sousa Santos es donde “los ciudadanos deciden y toman las decisiones” (2006: 79). El ejercicio no es malo, lo malo es que no estamos en las mejores condiciones para realizarlo debido a que podríamos destinar esos recursos a demandas más importantes o tratar de frenar aglomeraciones por la tercera ola de la pandemia.
En México el 14 de marzo del 2014 se aprobó en el país la Ley Federal de Consulta Popular Artículo 35, fracción VIII (CPEM, 2021: 46), describe y regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de estos ejercicios de participación ciudadana. Para ello existen tres maneras de solicitar una consulta popular: la primera solicitada por el Presidente de la República, la segunda solicitada por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso y, finalmente solicitada por los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores (Artículo 12. LFCP). Por ejemplo, sobre la base de 93.5 millones de votantes que hay en números cerrados, el dos por ciento requerido asciende a 1.87 millones de electores los que deben hacer la petición (El Financiero, 23 de julio).
En una entrevista, Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral menciona: “El INE, en teoría, es el único órgano facultado para difundir la consulta, dicho eso, la difusión de la participación, yo creo que es una tarea colectiva de la participación, pero lo que está prohibido es todo tipo de difusión que tenga el propósito de incidir en un sentido, en el sentido en el que nos manifestamos los ciudadanos”, dijo Córdova. Sin embargo, la presidencia de la república hace caso omiso y en cada mañanera habla del tema, tal y como lo hizo en la elección del 6 de junio promocionando a cada uno de sus candidatos y hablando mal de sus adversarios.
El 1° de agosto se realizará en todo el país la primera consulta popular organizada conforme a la ley, el Instituto Nacional Electoral (INE) colocará 57 mil 124 mesas receptoras (Expansión Política, 24 de junio). Los Estados y municipios están tomando medidas para realizar este mecanismo democrático tomando en cuenta las indicaciones del INE, por ejemplo: El Delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, informó que la entidad se dividirá en unidades territoriales, es decir, áreas geográficas formadas por una o varias secciones, en total se establecen 512 distribuidas entre los siete distritos. Por cada 2,000 ciudadanos se va a instalar una mesa receptora de la consulta. Otro estado como Guanajuato operará sin restricciones en la venta de bebidas alcohólicas durante la Consulta Popular, mientras que en León y Celaya habrá “Ley Seca”. Sin embargo, la consulta popular para el juicio a expresidentes costará un total de 528 millones de pesos (El Economista, 16 de julio).
México no ha sido el único que a realizado este tipo de ejercicios en países como: Canadá, Reino Unido, Chile, Francia, Irlanda del Norte, Sudáfrica e incluso en la UE se han llevado a cabo referéndums y plebiscitos que han cambiado el destino de sus agendas internas (Forbes 8 de julio), pero en el caso de nuestro país se desvirtuará ese tipo de mecanismo debido a que no existe un objetivo claro y, solo será una figura usada con fines políticos. La pregunta será:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Derivado de lo anterior. Vemos que la pregunta es demasiado larga y no muy clara, pero lo más importante de la consulta es la participación de los ciudadanos. Sin embargo, analistas mencionan que no superara el 40 % de participación de la ciudadanía mexicana.
Finalizó. Apruebo el ejercicio y los mecanismos que nos brinda la democracia, pero desapruebo el momento en que se pretende realizar. Estamos viviendo la tercera ola del virus Delta de Covid-19 en su etapa más crítica donde el gobierno mexicano ha sido uno de los peores en el mundo en controlar la pandemia, somos uno de los cinco países con más muertes por el virus, sin dejar a un lado el crecimiento de la delincuencia organizada, el incremento de pobreza y con los mismos índices de corrupción que en gobiernos anteriores.
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