Al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le urge aumentar la recaudación de impuestos y ahora busca que los jóvenes, así como las asociaciones civiles sean los que aporten al gasto federal, la medida es para dejar intactos a los grandes consorcios nacionales e internacionales, no es conveniente pelearse con ellos.
Fue en ese contexto que se aprobó la llamada miscelánea fiscal 2022 donde el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) será obligatorio para personas mayores de 18 años, con lo cual los jóvenes quedan sujetos a darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.
La medida ha causado análisis y discusiones para encontrar las verdaderas causas y alcances de la propuesta porque muchos no están inmersos en la vida laboral, pero el gobierno se justifica con el argumento de que es necesario para realizar trámites y sobre todo que sirve para fomentar la cultura tributaria en este sector, además de facilitarles la incorporación al campo laboral.
Por otra parte, en lo que respecta a las organizaciones civiles se les limita en los donativos, a ellas se les establece un tope de ingresos, por lo que las deducciones que podrán realizar los contribuyentes serán mínimas con el consabido pretexto de que las aportaciones eran utilizadas para desviar recursos y evadir impuestos por las grandes empresas, alegato muy utilizado por este régimen de la “austeridad”.
Sin embargo los afectados que se quedarán sin estos donativos, serán por ejemplo los niños con cáncer, con autismo y otros problemas de salud, pero sin ofrecerles ninguna otra opción pues en las instituciones públicas se carece también de este tipo de medicinas y tratamientos que solventaban las asociaciones.
Con el argumento de que existe corrupción, el gobierno federal se gastará estos recursos que no le costaron recaudar para utilizarlos a su manera, tal como ocurrió con los Fondos de Estabilización que se habían obtenido con el gobierno de Enrique Peña Nieto por un monto de 247 mil 909 millones de pesos que el de la 4T ya se gastó, y no conformes con haber acabado esa bolsa se lanzaron con los 109 fideicomisos que tenían un monto de 68 mil millones de pesos.
Y esto sucede porque el aumento del gasto es superior a los ingresos que el gobierno de López Obrador estima lograr y para cubrir esta diferencia tendrá que recurrir a financiamientos producto de la contratación de deuda pública pues el déficit presupuestario será de 875,570.5 millones de pesos, la cifra más alta desde 2015.
Ahora el problema es que los recursos de todos los mexicanos se están gastando en presupuestos millonarios aplicados en el Tren Maya que mediante la Secretaria de Turismo tendrá un incremento del 64.8% con 25 mil 824 millones de pesos más que este año, mientras que Dos Bocas se lleva 45 mil millones de pesos más para continuar con su construcción en 2022; otra partida son los programas sociales cuyo diseño deficiente ha provocado que no cumplan con sus objetivos y sin embargo llevan un incremento mediante la Secretaría de Bienestar por 97 mil 107 millones con un aumento del 48.6% para el próximo año.
En contraste el proyecto de presupuesto para 2022 revela los múltiples temas que no son prioridad para ejecutivo, pues existen rubros que cada ves tienen menos recursos como el gasto para Ciencia, Tecnología e Innovación, se hicieron recortes a la Secretaria de Economía, a organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Comunicaciones (IFC), Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), etc.
La SHCP estima que los ingresos en cobro de impuestos, la venta de hidrocarburos y sus derivados y otros flujos de recursos propios de la operación diaria del gobierno llegarán a 6 millones 172 mil 635 de pesos y para cubrir los 7 millones 88 mil 250 que se estiman en el PEF, se complementarán adquiriendo deuda por 915 mil 615 millones de pesos (2021 fue de 756 mil 790 millones de pesos), es decir el 13% del gasto del gobierno se financiará con deuda pública (cifra 21% más grande que la del 2021), lo cual contrasta con el discurso de López Obrador de que su gobierno funciona sin contratar un solo peso de deuda.
En su tercer informe de gobierno López Obrador dijo: “Hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles, hemos financiado programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados”
Como vemos, a tres años del gobierno de Morena ni se eliminaron los impuestos, ni disminuyeron los combustibles y sus derivados, tampoco ha mejorado la economía, pero en cambio sí han aumentado la pobreza, la insalubridad, el desempleo, la inseguridad, por ello se requiere un nuevo modelo económico donde se distribuya más equitativamente la riqueza social mediante la creación de empleos bien pagados, con un gasto social enfocado en obras necesarias para el pueblo de bajas percepciones, (que por ser mayoría son quienes aportan más al erario) y una política fiscal progresiva donde paguen más los que más tienen, solo así tendremos un país más justo y humano.
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