El 30 de septiembre de 2021, en el acto de toma de protesta del Ayuntamiento más emblemático del estado de Guerrero, la actual alcaldesa dijo conocer los problemas ancestrales de la capital, en consecuencia, les daría solución, se comprometió atacar de fondo las causas que originan las desigualdades e inconformidades sociales, se comprometió a combatir la corrupción, la inseguridad, los rezagos sociales y la violencia.
Un mes después, la administración municipal de Chilpancingo, que encabeza la morenista Norma Otilia Hernández Martínez recibió un modesto pliego petitorio de un grupo de ciudadanos que, en representación de las colonias organizadas en el Movimiento Antorchista de esta ciudad capital, solicitaron a la alcaldesa la realización de obras de infraestructura urbana y atención a diversas carencias que familias de muy bajos recursos padecen; así mismo, solicitaron que el Ayuntamiento agilice los trámites legales y jurídicos para la regularización de dos colonias que tienen más de veinte años de conflicto entre las humildes familias que compraron lotes a supuestos dueños que resultaron ser defraudadores y protegidos por las autoridades.
A más de la mitad del Gobierno municipal, la capital del estado se ha convertido en la segunda ciudad más insegura de Guerrero; el crimen organizado se ha posesionado prácticamente de todo el comercio y controla los principales mercados, donde se han registrado asesinatos e incendios en los locales, vehículos del transporte público quemados, asaltos y secuestros están a la orden del día.
Por ser la ciudad donde se concentra el poder estatal, a diario hay marchas y bloqueo en las principales calles y avenidas, cierre de la autopista del sol, protestas en palacio de gobierno y en el ayuntamiento, en este último debido a la poca atención y solución de los problemas sociales que la ciudadanía padece; un cincuenta por ciento de las protestas son contra la administración que preside Norma Otilia. Diario hay bloqueo de calles en el primer cuadro de la ciudad, cuando no son los profesores, son estudiantes, transportistas, colonos, y hasta los trabajadores del propio ayuntamiento, entre ellos, los policías, trabajadores de limpieza, de protección civil y tránsito municipal. Esta administración es exactamente una réplica del gobierno federal, muchas palabras, pero nada concreto en los hechos.
Entre los inconformes, por la nula solución de las demandas, se encuentran los grupos de colonos y campesinos chilpancinguenses organizados en el Movimiento Antorchista, sus demandas son modestas obras de infraestructura, que no requieren de grandes inversiones y en algunas muy pocos recursos financieros, otras sólo la voluntad política de los funcionarios y en primerísimo lugar de la presidenta municipal, sin embargo, simplemente ignora al pueblo, al que dijo atender cuando llegara al poder municipal.
De un total de 40 obras solicitadas, al inicio de la administración, se planteó tres de ellas como prioritarias, la pavimentación del acceso a cuatro colonias ubicadas al sur de la ciudad; drenaje de la colonia Ignacio Manuel Altamirano y la pavimentación de la carretera a la comunidad de Zoyatepec que tiene más de tres años de permanecer inconclusa. A parte de estas tres obras, también se le planteó a la presidenta municipal, como algo urgente, la regularización de dos colonias, para darle seguridad a las familias que fueron víctimas de fraude.
En el asunto de regularización de la colonia la Candelaria, solamente son 26 lotes los que están pendientes; se hizo un convenio tripartita en la administración pasada, gobierno del estado, ayuntamiento y colonos, para pagar los lotes a la supuesta dueña, supuesta porque jurídicamente el dueño del predio es el propio ayuntamiento. Gobierno del estado y colonos cumplieron con la aportación, en cambio el ayuntamiento no ha sido capaz o más bien no ha querido aportar la parte que le corresponde, maniobra que es aprovechada por los supuestos dueños para hostigar a los colonos y amenazarlos en desalojarlos de sus humildes viviendas. En la colonia Nueva Revolución, tampoco hay voluntad política a pesar de tener más de un año de haberse aprobado el plan regulador de desarrollo de la ciudad, enredándolo con puras trabas burocráticas sin que se vea intensiones serias de agilizar el proceso, mientras los colonos defraudados siguen recibiendo amenazas de desalojo, a pesar de haber cubierto el costo de los lotes desde hace varios años.
Las demandas son drenaje sanitario, pavimentaciones, alumbrado público, ampliación de la red eléctrica, en diversas colonias de la periferia de la ciudad, no han sido atendidas con el pretexto, que el ayuntamiento no cuenta con los recursos sufrientes, argumento que no es creíble, pues ha realizado eventos donde se nota claramente el derroche de recursos. En cambio, las prioridades del municipio, principalmente las relacionadas con las colonias populares están en el archivo del olvido.
Es una administración que ni siquiera ha resuelto la colocación de unas lámparas en las colonias Las Flores y Ignacio Manuel Altamirano, lugares donde se han registrado asaltos a los transeúntes, muy difícilmente atenderá un problema como la reubicación de los afectados por las fallas geológicas que está destruyendo las viviendas en la colonia Héroes de Guerrero, a pesar de ser un compromiso hecho a los afectados, no hay ni siquiera una propuesta para solucionar este asunto.
La presidenta simplemente se esconde en cada solicitud de audiencia y manda, en su lugar, al síndico Andréi Marmolejo Valle, pero este señor no tiene capacidad para resolver. El pasado 31 de enero, una comisión de vecinos organizados en el Movimiento Antorchista, encabezada por su dirigente, Conrado Hernández Domínguez, asistieron al Ayuntamiento para buscar una entrevista con Hernández Martínez, pero nuevamente no fueron atendidos.
Los inconformes solo piden un dialogo con la presidenta para retomar los acuerdos pactados en el año anterior, que dicho sea de paso no se realizó ni una obra, y hacerle la entrega del nuevo pliego petitorio de este año. Sólo lograron la promesa se ser atendidos por la presidenta para la próxima semana. Los antorchistas siempre han sido respetuosos y esperaran el plazo acordado, de lo contrario, si no se concreta la audiencia y se llega a un compromiso serio, a partir de la siguiente semana tomaran nuevas medidas para hacerse escuchar por la alcaldesa. A los pobres, con la actitud soberbia de los servidores públicos, no les queda otro camino que organizarse y exigir sus derechos por la vía de la manifestación pacífica.
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