Cuando los antorchistas de Puebla manifestamos nuestra inconformidad contra el programa de verificación vehicular, no lo hacemos por un afán de llevar la contra simplemente. Estamos de acuerdo con las autoridades estatales en dos puntos muy claros, que el gobierno necesita más recursos para desempeñar mejor sus actividades y que esos recursos pueden obtenerse de impuestos que pague la ciudadanía. Nuestra discrepancia se centra en quiénes son los que deben pagar esos impuestos.
El nuevo impuesto por verificación vehicular no lo pueden pagar miles y miles de productores agropecuarios, comerciantes en pequeño, transportistas y muchos más que sobreviven a duras penas laborando en el sector informal de la economía. No lo pueden pagar porque muchos de sus vehículos no van a aprobar la verificación, pues se trata de modelos muy antiguos que ya funcionan años extras, pero que son los vehículos en los cuales pueden moverse sus dueños. ¿Qué se pretende hacer con ellos? ¿Cuál es la alternativa de sobrevivencia que se les ofrece?
No lo pueden pagar empleados y trabajadores con salarios muy bajos que están soportando una inflación superior al 15 por ciento, en los alimentos, y que deben pagar por los servicios médicos más elementales. De esta tremenda crisis no se salvan ni los que recibieron el aumento del 20 por ciento al salario mínimo, es decir, que reciben ahora 207 pesos, pues el costo de la canasta básica diaria para una familia de cuatro personas llega a 574 y todavía sin considerar la inversión en educación, esparcimiento, salud o cultura.
¿Quiénes sí pueden pagar más impuestos? Los grandes empresarios. A ellos hay que cobrarles impuestos progresivos sobre sus ganancias, esto debe quedar muy claro, pues no se pretende afectar la marcha de las empresas. Las fabulosas fortunas que amasan, año con año, son fruto de la labor de sus trabajadores, que son los únicos creadores de riqueza, pero por la injusta distribución que existe en nuestra sociedad queda en manos de sus empleadores. De esta manera, los nuevos impuestos recaerían en una parte mínima de la población, menor al uno por ciento.
De todos es conocido que en México no pasan de 500 las familias que concentran las mayores fortunas. Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, afirmó recientemente: "Aplicar mayores impuestos a los súper ricos y a las grandes empresas es una puerta de salida a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente. Es hora de derribar el mito de que los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. Cuarenta años de rebajas fiscales para los súperricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarles a ellos”.
El Gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan con todas las herramientas de política económica para aprobar impuestos progresivos a los multimillonarios. Si no lo hacen es porque no quieren, con lo que demuestran, una vez más que, aparte de los discursos huecos para marear incautos, están muy contentos jugando su papel de guardianes de los privilegios de los económicamente poderosos.
En Puebla optan por este nuevo impuesto de la verificación vehicular que va a contrapelo de las medidas más elementales que deben tomarse para reactivar la actividad económica. Cayendo, ellos sí, en la completa irracionalidad: ¿En qué cabeza cabe gravar al turismo? Si lo que los poblanos necesitamos es alentarlo para que traigan una mayor derrama económica.
Intencionalmente dejamos fuera de este breve análisis otras aristas del asunto, por considerarlas de menor peso. Como la improvisación de la medida por la cual empezaron a aplicar sanciones desde el 18 de enero, cuando con suficiente anticipación se aprobó un programa de verificación obligatorio para el primer semestre. El hecho de que ni la ciudad de Puebla cuenta con los verificentros suficientes para atender el parque vehicular, y los que habitan en la Sierra Norte, la Mixteca o la Sierra Negra, ¿a dónde deben acudir para verificar? La inconstitucionalidad de la medida que vulnera el derecho de libre tránsito dentro del territorio nacional, y muchos otros más. Es cierto que también queda pendiente el problema de la contaminación ambiental. Sin embargo, creemos no equivocarnos al señalar lo que constituye la médula del asunto. Siempre debemos hacer el esfuerzo por ir a lo esencial y no dejarnos marear por distractores aparentemente más importantes.
Ahora bien, ¿quién va a hacer entrar en razón a estos funcionarios? Pues la propia ciudadanía que sufre las consecuencias de sus desatinos. Los propios afectados debemos alzar fuerte nuestra voz, llamar a todos los afectados y que todos manifestemos nuestro rechazo, que todos exijamos medidas que verdaderamente resuelvan los problemas como el impuesto progresivo a las ganancias de los multimillonarios.
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