El gobierno estatal atribuyó la decisión sobre la polémica obra a trabas legales, conflictos políticos y supuestos actos de corrupción judicial
Zacatecas, Zac. En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, anunció la cancelación de la obra del segundo piso en el bulevar metropolitano, debido “a los tiempos para el uso del recurso” y a lo que acusó como corrupción del Poder Judicial, esto porque ciudadanos lograron varios amparos para la suspensión del viaducto elevado, lo que derivó en la cancelación definitiva.
Aseveró que la terminación anticipada del contrato entre el gobierno del estado y la empresa Hycsa, encargada de la construcción, inició el proceso en el que las partes se tendrán que poner de acuerdo mediante un “entendimiento contractual”, para dejar sin efectos la inversión de 3 mil 600 millones de pesos en 3.6 kilómetros de la principal vialidad que conecta a la capital con la ciudad de Guadalupe.
El funcionario aseveró que hubo corrupción del Poder Judicial en los procedimientos legales, pues se emitieron catorce distintos amparos, donde el juzgado segundo y tercero de distrito concedieron nueve suspensiones.
Reyes Mugüerza dijo que la cancelación de la magna obra se da por politización de la justicia, toda vez que no fue una exigencia ciudadana, sino que son menos de cien personas las que han promovido estos amparos; y los jueces que los otorgaron actúan en colusión con actores políticos opositores a los que no les importa el desarrollo de Zacatecas.
Cabe aclarar que hubo algunas asociaciones de comerciantes de la zona, académicos de prestigio y autoridades municipales, quienes desde el principio se opusieron a la obra más polémica del sexenio del morenista David Monreal Avila, al considerarla demasiado cara e innecesaria: y pedían que los 3 mil 600 millones de pesos se canalizaran a otras necesidades como la construcción de carreteras o el surtimiento de medicinas a hospitales públicos.
Las declaraciones de Rodrigo Reyes provocaron reacciones del Sindicato de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, que mediante un comunicado firmado por el delegado, Carlos Ernesto Alvarado Márquez, rechazó la acusación de corrupción. Además, señaló como un “intento de usar al Poder Judicial como chivo expiatorio de decisiones mal planeadas o políticamente inconvenientes”.
En el documento se aclara que la ley no existe para favorecer gobiernos ni para frenar proyectos, “existe para garantizar que todo acto de autoridad respete la Constitución” y que los jueces que otorgan suspensiones en juicios de amparo, “no responden a partidos ni a simpatías personales”, sino a la evidencia presentada y al mandato de proteger a quien acude en busca de justicia.
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