MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

AMLO continúa militarizando al país

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El día de ayer apareció publicada una nota en el periódico El Economista titulada “Gobierno echa gasolina a la militarización, pues el Ejército controlará 80% más presupuesto que en el 2018”, situación que contradice completamente la posición de Andrés Manuel López Obrador mientras estuvo en campaña por la presidencia de la República donde señalaba que era necesario cambiar la política que se aplicaba en México, por lo que de ganar las elecciones regresaría a los militares a los cuarteles porque estaban desgastados después de 10 años de la lucha contra la inseguridad y la violencia en el país.

En el cuerpo de la nota se señala, si el Congreso de la Unión aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF) tal y como lo propuso el Ejecutivo, el próximo año el Ejercito tendrá el control sobre 166,900 millones de pesos, lo que representa un aumento de 80% con respecto a lo pagado en el 2018, expuso Mariana Campos Villaseñor, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Y continua la nota, de acuerdo con el PPEF 2022, que está en proceso de análisis por parte de los legisladores, algunos organismos de seguridad aparentemente recibirán menos dinero, pero eso se compensa con el aumento de presupuesto en otros rubros de control militar, por lo que, en los hechos, el Gobierno está fortaleciendo al ejército, explicó la especialista durante su participación en la mesa de Parlamento Abierto que se llevó a cabo este viernes en la Cámara de Diputados.

No hay duda, en tres años de Gobierno, el presidente afianzó el proceso de militarización en México con más de 30 tareas asignadas al Ejército más otras misiones a la Secretaria de Marina que van desde la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y tres tramos del Tren Maya; la remodelación de hospitales, la edificación de bases de la Guardia Nacional, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar; aportar árboles para el programa Sembrando Vida y vendiendo cachitos para la rifa del avión presidencial.

Cabe notar que López Obrador ha requerido modificaciones constitucionales para ampliar las facultades de los castrenses (como en la GN o entrega de puertos a la Marina); aunque también se ha valido de acondicionar planes DN-III que habitualmente solo se implementaban en inundaciones o sismos. Además de que los militares han extendido diversos convenios de colaboración con otras dependencias federales, por ejemplo, con las secretarías de Educación Pública, de Agricultura o Petróleos Mexicanos.

No debemos olvidar que, para frenar el flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos, López Obrador ha desplegado a las fuerzas federales en la frontera sur y norte del país. Durante 2020, los efectivos destinados a estas tareas sumaron 8,058. De ellos, 4042 estuvieron en el sur de EE. UU. y 4,016 en los límites con Guatemala y Belice y se instalaron más de 30 puestos militares y 347 puntos de control migratorio.

El gobierno de la llamada cuarta transformación ha expandido tareas civiles a manos de las fuerzas castrenses lo que sin duda sienta las bases del militarismo en el país. Es decir, el empoderamiento de las fuerzas armadas para incidir en decisiones políticas. Esto es sumamente peligroso porque conduce a un control social a partir de valores militares, a una aculturación donde los soldados y marinos pueden inscribirse cada vez más en ámbitos de la Administración Pública Federal.

Andrés Manuel se justifica con la idea errónea de que las fuerzas militares son incorruptibles y por tanto pueden ejercer mucho presupuesto y por otro lado la cuestión de jerarquía y obediencia, que tiene que ver con su forma particular de gobernar. AMLO decidió que iba a manejar el poder desde el gobierno, básicamente de un solo hombre y para lograr todo lo que se ha planteado necesita garantizar su esfera de control y al Ejército lo maneja el Ejecutivo.

Pero los mexicanos no debemos olvidar lo que ha sucedido en aquellos países donde se han impuesto dictaduras militares como fue en Argentina, Uruguay y Chile, en la década de los años 70, donde existe el registro de miles de perseguidos y desaparecidos. Además de que dichos gobiernos controlaban la información de los medios de comunicación y se impedía cualquier forma de control democrático y social. Y la única manera de evitarlo es la educación y organización del pueblo trabajador como garante y constructor de una sociedad más justa para todos y esta es la tarea del momento.

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