Es opinión generalizada que el balance de las recientes elecciones intermedias no refleja el sentir popular. En mucho, fue el resultado del uso de la violencia y el derroche de recursos para comprar voluntades y someter a funcionarios electorales. Esto llevó a que Michelle Bachelet, alta comisionada en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expresidenta chilena, denunciara el alto nivel de violencia política vivida en México en el proceso electoral. Señaló que hubo actos preocupantes de violación a las garantías individuales, y pidió asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar que no se repitan. También llamó a las autoridades mexicanas a que “se abstengan de utilizar un lenguaje que socave a quienes expresan opiniones disidentes”.
Esto obliga al Gobierno federal, diputados a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, así como gobernadores, presidentes y congresos locales electos; a generar en el ejercicio del poder, un clima de respeto y seguridad para toda la población. A la brevedad atender los problemas torales que aquejan al país. Pues se anuncia un repunte de la covid-19, se ralentiza la vacunación, a pesar de que hay 9 millones de vacunas en el país, subsiste el desabasto de medicinas para niños con cáncer y otros males crónicos; la economía no repunta y el regreso a clases presenciales es incierto y riesgoso. Ahora veremos que harán los candidatos electos por sus gobernados.
Para el regreso a clases no solo se requiere vacunar a los estudiantes. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que México ya registra un rezago equivalente a dos años de escolaridad y casi 628 mil jóvenes interrumpieron sus estudios, según datos del Banco Mundial. Esto significa que antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban un promedio de aprendizaje correspondiente a tercero de secundaria, y hoy solo llegará al equivalente de primero de secundaria. El IMCO alerta que, de no tomar medidas contundentes al regresar a las escuelas, las pérdidas de aprendizaje pondrán en riesgo el futuro de una generación completa de estudiantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador debe poner su atención en combatir los efectos de la pandemia en lo educativo; padecemos alto rezago y con ello se perderán habilidades y productividad, que colocarán a los mexicanos en desventaja ante otros países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estimó que, con este rezago, en los próximos 80 años México dejaría de producir cada año hasta 1.7 por ciento del PIB. Esta realidad obliga al gobierno federal y a las autoridades educativas a diseñar planes para disminuir el rezago educativo al regresar a clases presenciales. De esto, no se escucha decir nada a AMLO.
En lo económico, no hay mejoras; aumenta la pobreza laboral, no se apoya a las mipymes y los empleos perdidos por la pandemia, en lenta recuperación. AMLO nos engaña cuando insiste que aplica políticas de austeridad y combate a la corrupción, que su gobierno no se endeudó para enfrentar la pandemia. Pero en lo que va de su administración, la deuda de México aumentó en 1 billón 873 mil millones de pesos. A finales de 2018 la deuda era de 10 billones 550 mil mdp y a marzo de 2021 el país ya debía 12 billones 423 mil mdp (Secretaría de Hacienda). ¿Qué le hizo a ese dinero? ¿Por qué no se refleja en bienestar social?
Ahora, el presidente de la República y Morena se empeñan en realizar la consulta popular del primero de agosto, con el fin de conocer la opinión de los mexicanos para enjuiciar a ex presidentes de México. Pero aplicar la ley no tiene por qué someterse a consulta popular, simplemente si hay delitos que perseguir que la apliquen y garanticen el estado de derecho que están obligados a preservar. Es claro que esta consulta es un nuevo distractor, como la rifa del avión presidencial, para no atender y darnos resultados de lo que están obligados.
Mejor exijamos nos den del derecho a decidir cómo queremos se apliquen nuestros recursos en la propuesta, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, que ya está en proceso. La próxima Cámara de Diputados recibirá en septiembre la propuesta del Ejecutivo. Si gobernaran para el pueblo, como dicen, debieran reconocernos el derecho a proponer cómo queremos se apliquen nuestros recursos para mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador y contribuyente. El PEF 2021 ascendió a 6.2 billones de pesos. El del 2022 si amerita una consulta popular.
Muestra de que no priorizan el PEF para atender las necesidades en infraestructura, salud, educación y vivienda, es el gran rezago que hay en el estado de Veracruz. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) lo ubica en los primeros lugares en el país por hacinamiento y piso de tierra en las viviendas, y con alta incidencia de hogares sin muros, drenaje y agua potable. Veracruz ocupa el tercer lugar nacional por viviendas sin muros de concreto. El cuarto por falta de agua potable, drenaje sanitario y vivir con pisos de tierra. El quinto por rezago educativo y el octavo por hacinamiento, falta de energía eléctrica y acceso a servicios de salud.
A pesar de que el presidente López Obrador visita en demasía al estado de Veracruz, vino el pasado 18 de junio y volverá el 24 de agosto. Debiera sentirse su mandato en el combate al alto rezago social que tenemos. En esta última visita prometió arreglar las pésimas carreteras y caminos rurales que hay. Pero si promete, como lo hace con los padres de niños con cáncer que siguen sin recibir medicinas y los obliga a protestar con la toma de la terminal 1 del aeropuerto. Esperaremos por mucho tiempo, esas buenas carreteras y caminos rurales.
Ahora, más que nunca, debemos seguir exigiendo se cumplan los derechos de las clases marginadas y de menos ingresos. En el país aumenta a paso acelerado la desigualdad y falta de bienestar social de la población. Los gobernantes no responden a los intereses de los más desposeídos, usan el poder para beneficio de sus líderes y para cuidar los intereses de las clases más o menos privilegiadas. Eso profundiza la brecha que existe entre unos pocos mexicanos favorecidos y el pueblo trabajador. A reducirla, estamos llamados.
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