Desde 1977, en la Conferencia sobre el Agua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se afirmó que todos los pueblos, independientemente de su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas.
El derecho de la población para acceder al agua potable de calidad, está unido estrechamente con el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado, por lo cual también está contemplado en los principales tratados sobre derechos humanos ya que, los gobiernos, al cumplir con su obligación de garantizarlos, también estarían asegurando a los habitantes, el derecho a la alimentación, educación, cultura, al trabajo y en general, el derecho a la vida.
Es obligación de los gobiernos garantizar a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, comprendiendo con ello el consumo, saneamiento, lavado de ropa, preparación de alimentos y para la higiene personal y doméstica. Asimismo, las administraciones, independientemente de colores o ideologías, deben asegurar que la ciudadanía tenga acceso a los adecuados servicios de saneamiento, proteger calidad de los suministros y los recursos del agua potable.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada persona necesita entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir la mayoría de sus necesidades básicas; una cantidad menor provocaría que no se cubrieran aspectos como la higiene y el consumo, con lo cual estaría en peligro su salud. Habrá que considerar, además que las personas que padecen alguna enfermedad, requieren una cantidad mayor a la que señala la OMS. Por tal motivo, ninguna persona debería estar privada de este elemento tan indispensable.
Lamentablemente, en nuestro municipio, Nicolás Romero, de acuerdo con las cifras del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 que proporciona el INEGI, existen 20 mil 500 personas que no tienen acceso a este importante servicio y que no pueden disfrutar, por ello, de una vida digna.
Las personas que se encuentran privadas de este indispensable servicio, deben destinar una parte importante de su ingreso familiar a la compra del agua que se distribuye en pipas, disminuyendo con esto el dinero que se utiliza para la compra de alimentos, en educación y en la salud, impactando negativamente a su calidad de vida.
Ante esta situación, que afecta sobre todo a la población de escasos recursos económicos del municipio, es importante tomar en consideración que la falta de este servicio quebranta uno de los derechos más importantes. Por ello, es necesario exigir que el gobierno municipal resuelva de forma inmediata esta apremiante necesidad. Es importante también reconocer que, ante la indiferencia de los funcionarios a los padecimientos de la ciudadanía, solo la organización y la lucha podrán lograr que se atiendan y solucionen esas carencias elementales.
Sin embargo, debemos reflexionar acerca de la necesidad de luchar para que tengamos gobiernos municipales, y de la república, más sensibles para que atiendan los problemas de la gente sin que esta los presione o denuncie para que lo hagan. Trabajemos para tener gobernantes realmente emanados del pueblo para que den solución a las necesidades de este.
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