Se necesita un gobierno que responda a sus necesidades, no que se lave las manos: Antorcha
Aguascalientes, Ags. El 64.7 % de la población ocupada en el estado trabaja en condiciones de informalidad laboral, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al tercer trimestre de 2025, publicada por el Inegi. Para el Movimiento Antorchista en Aguascalientes, estas cifras confirman el “fracaso absoluto” de las políticas económicas de la 4T, que han dejado a la clase trabajadora en total vulnerabilidad mientras se protege a grupos privilegiados y se presume un bienestar que no existe en la realidad.
De acuerdo con el reporte, 421 mil 761 personas en Aguascalientes carecen de prestaciones, seguridad social o reconocimiento laboral, ya sea porque se encuentran insertas en la informalidad dentro de empresas legalmente establecidas o porque realizan actividades económicas sin constituirse como negocio formal.
La informalidad laboral dentro de unidades económicas formales alcanza el 42 %, lo que representa 273 mil 786 trabajadores que, a pesar de cumplir jornadas completas, no tienen acceso a servicios médicos, vacaciones, aguinaldo ni ningún derecho básico.
A esta cifra se suman 147 mil 974 trabajadores (22.7 %) en el sector informal, donde predominan actividades familiares o improvisadas, sin protección jurídica y con ingresos inestables.
En total, más de seis de cada diez personas ocupadas viven al día, en un mercado laboral precario y sin garantías mínimas, a pesar de que el estado reporta 651 mil 872 personas ocupadas en el periodo evaluado. A ello se suman 21 mil 315 desempleados, una tasa de 3.2 %, integrada por quienes buscan activamente un empleo formal que difícilmente encuentran.
Ante este panorama, el Movimiento Antorchista criticó duramente al gobierno federal por “ocultar la realidad con discursos triunfalistas” mientras la precariedad laboral aumenta. Señaló que la 4T ha centrado su política social en apoyos asistencialistas, pero no ha generado empleos formales, ni condiciones para que las empresas garanticen derechos laborales, ni mucho menos ha impulsado una estrategia seria de redistribución del ingreso.
“Mientras el gobierno presume cifras aisladas, la realidad es que la gente trabaja sin seguridad social, sin estabilidad y sin futuro. La clase obrera está más desprotegida que antes”, señaló Consuelo Romo, líder del trabajo popular en el estado.
Subrayó que esta situación afecta especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores rurales, quienes suelen encontrar únicamente ocupaciones eventuales o mal remuneradas. Además, denunciaron que sectores clave como la construcción, el comercio y los servicios —principales motores económicos del estado— han sido incapaces de ofrecer empleo digno debido a la falta de políticas públicas que regulen y fortalezcan el mercado laboral.
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