Las universidades del Bienestar no tienen calidad educativa, carecen de ley orgánica, órganos colegiados y consejo universitario; además, no cuentan con infraestructura adecuada, no hay transparencia sobre su planta docente ni sobre su ubicación y construcciones. Desde el año 2020 se difundió que operan entre irregularidades.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) resaltó los siguientes problemas: 1) no todos los planes de estudio tienen validez oficial, y 2) falta documentación sobre las construcciones en las sedes educativas. Además, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, todavía no están claras las políticas del programa, pues aún no se sabe cuántas profesoras y profesores tienen las universidades, en qué sedes trabajan ni mucho menos de dónde se toma el dinero para pagarles.
Tampoco tienen un inventario de bienes muebles e inmuebles, lo cual va contra la ley, y eso hace que medios de comunicación cuestionen dónde se encuentran las universidades que se beneficiaron por algunos municipios que donaron terrenos para su construcción.
Por otro lado, se registraron sedes en las que la infraestructura es deficiente, algunos ejemplos son las sedes de Iztapalapa, Ciudad de México; Zacapu, Michoacán y Tomatlán, Jalisco. En el caso de la Universidad de Tomatlán, en diciembre de 2021, se reportó que apenas llevaba el 25 por ciento de construcción, y en el caso de la Universidad de Zacapu, las y los estudiantes reportaron, el año pasado, que tomaban clases sentados en el piso.
No obstante, este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que 145 planteles del proyecto están funcionando y que se logrará la construcción de otros 55. Como siempre, la realidad refuta las declaraciones presidenciales. ¿Hacia dónde conduce este proyecto?, ¿Cuál es su resultado?
Preocupa el optimismo de AMLO ante un proyecto que tiene muchas fallas, principalmente, porque impide enmendar los errores. Universidades como éstas, creadas al vapor y con opacidad, imposibilitan la formación de profesionistas que impulsen el desarrollo económico del país, lo cual tampoco cumple un objetivo progresista fundamental de que la universidad esté al servicio del pueblo.
La universidad es un legado de la ilustración que debe defenderse y construirse como una forma de instrucción que ayude a forjar una sociedad digna. Pero López Obrador está destruyendo uno de los pocos reductos ilustrados al convertir centros educativos importantes en simples formas de aparentar inversión educativa para ganar votos.
Las universidades del Gobierno federal no son realmente universidades del bienestar, son centros para hacer propaganda y reunir votos; es decir, son centros que benefician principalmente al presidente y a su partido, no al pueblo.
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