Aunque no es novedad, no dejan de llamar la atención los recientes resultados del informe sobre percepción de la corrupción publicados por Transparencia Internacional, organismo con sede en Berlín, basado en encuestas realizadas por organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial, realizado a 168 países, medido en una escala que va del 0 al 100, del más virtuoso al más corrupto, en el que México obtuvo 35 puntos, obteniendo el lugar 95 y el último puesto entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Según este informe, la corrupción es generalizada en todo el mundo y Dinamarca se mantuvo por segundo año consecutivo como el país menos corrupto al lograr 91 de 100 puntos, seguido en orden descendente por Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur y Canadá, mientras que los países más corruptos son, Somalia, Corea y Afganistán, Sudán, Angola y Libia. Desde luego que el lugar 95 en el que desafortunadamente se involucra a todos los mexicanos fue ganado a pulso por quienes tienen el poder en los municipios, estados y la república.
Destacan entre muchos otros casos que evidencian la corrupción de los servidores públicos, ocurridos a lo largo y ancho de nuestro país, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las ejecuciones en Tlatlaya, Estado de México y la Casa Blanca del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el boquete de 35 mil millones que supuestamente dejó el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, las transferencias millonarias por la adjudicación de contratos a favor de empresarios y la construcción de una presa en uno de sus ranchos con recursos del erario público de Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora.
De la participación de importantes funcionarios federales en la fuga de Joaquín, "El Chapo" Guzmán, del penal del Altiplano, la desaparición de 5 jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz, por la policía municipal, los ya poco mencionados casos de corrupción de los ex gobernadores, Andrés Granier Melo, de Tabasco, de Leonel Godoy y Fausto Vallejo de Michoacán y un larguísimo etcétera, en la mayoría de los casos sin que haya castigo para los responsables.
Y como un caso de corrupción local, destaca la actitud del ex presidente municipal de Cadereyta, Rodrigo Mejía Hernández, quien en coordinación con su jefe de proyectos, Jared Hernández Hurtado y Víctor Barrera Olvera, director jurídico del mismo municipio, con la colaboración de Jorge Montoya Suárez, delegado de la CONAGUA en el estado, se apoderaron de 690 mil metros cúbicos de agua correspondiente al acuífero "Moctezuma", clave 2210, región hidrológica Golfo Norte, que comprende los municipios de San Joaquín y Cadereyta, destinada para 8 grupos de productores agrícolas de varias comunidades, cuyo objetivo es la conversión de tierras de temporal a tierras de riego, como parte del programa federal "México sin hambre".
Para justificar la maniobra, Montoya Suárez y Mejía Hernández, seguramente con el "visto bueno" de funcionarios de mayor nivel de la CONAGUA, decidieron que dichas concesiones para los productores salieran a nombre de los señores Salvador Barrera Salinas, padre del director jurídico municipal que nada tiene que ver en el asunto y de Virginia de Castro Suárez, quien ya desde 2011 en que había veda para explotación de pozos, usufructuaba 5 mil metros cúbicos para un lago, y amiga cercana del ex presidente municipal, asignándoles toda el agua correspondiente a la región; 390 mil y 300 mil metros cúbicos respectivamente, que hoy se niegan entregar a los verdaderos beneficiarios a pesar de que fueron ellos quienes hicieron las gestiones y pagaron al presidente municipal más de 60 mil pesos cada una para la creación de la asociación y del estudio geofísico realizado.
Con estos funcionarios ejemplares en poco tiempo México no solo ocupará el nada honroso primer lugar en corrupción de los 34 países miembros de la OCDE, sino de los 198 países de la tierra.
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