En México hay 29 millones 613 mil mexicanos en pobreza alimentaria (Coneval, 2022), es decir, casi 1 de cada 4 personas no tiene ingresos que le garanticen la alimentación diaria. De ellos, además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el 69.1% de los hogares que viven en el estrato rural fueron clasificados en algún nivel de inseguridad alimentaria. Este problema no es nuevo en el país, pero se ha agravado en este año por la parálisis de la economía que ha provocado la pandemia por la Covid-19 y recientemente el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, a estos agravantes hay que sumar la sequía que azota al país como consencuencia del desiquilbrio ocasionado por el cambio climático.
Como consecuencia del añejo problema de seguridad alimentaria en México han existido secretarías y organismos que ayudan a disminuir los efectos de este problema en la población. En la actual administración del gobierno de la república el organismo público descentralizado que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se debería de hacer cargo de garantizar que “toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y fomentar la actividad agropecuaria, además de garantizar el abasto suficiente para toda la población, especialmente dirigido a niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables”. Esta organismo fue creado por decreto presindencial en enero de 2019, a la cual se han integrado las tiendas DICONSA con el objetivo de contribuir a generar la seguridad alimentaria de México, garantizando así el abasto social de productos de primera necesidad.
En la actualidad Segalmex, através de sus tiendas DICONSA, no ha sido capaz de garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos, hecho que se refleja en las cifras que mencionamos más arriba de que hay millones de mexicanos que no tienen seguro su alimento diario.
Segalmex no cumple su objetivo probablemente porque ha sido una de las dependencias donde más irregularidades ha habido en el ejercicio del presupuesto que se le asigna desde la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Según cálculos de la Auditoria Superior de la Federación Segalmex tiene irregularidades por la estratosférica cifra de 8 mil 636 millones de pesos, ya que no ha aclarado el destino de esos recursos, estos datos los obtiene solo de la revisión de la cuenta pública del ejercicio de 2020. Ante estas anomalías el presidente de la república ordenó que se relevara del cargo a Ignacio Ovalle Fernández poniendo en su lugar a Leonel Cota Montaño. Pero, mientras trasncurre la “investigación” el removido fue designado por el presidente como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed) ¡vaya castigo! Cuando la crisis alimentaria en México se agrava, la dependencia encargada de combatir la crisis se encuentra envuelta en una trama que parece conducir a la corrupción que tanto “combate” el presidente y el gobierno de la Cuarta transformación. Mientras Segalmex tiene que justificar cuál fue el destino del dinero que falta, los mexicanos sufren las consecuencias del hambre.
La carestía de granos básicos como consecuencia del fracaso de Segalmex se está haciendo presente en la región otomí-tepehua del Estado de Hidalgo. En el municipio de San Bartolo Tutotepec, que se caracteriza por tener una población que mayoritariamente se dedica a la agricultura y ganadería, se reporta escazes y aumento de precios del maíz, además de que se hace presente la preocupación de que la sequía arruine los cultivos de granos básicos para esta temporada, lo que podría interpretarse como un mal augurio para la subsistencia de los meses venideros de la gente de esta región. Este municipio lo habitan 17 mil 671 personas, de las cuales 11 mil 228 (63.5%) se encuentra en situación de pobreza, son familias que viven de la agricultura y entre los granos básicos de sus sustento se encuetra el maíz.
En las tiendas DICONSA de dicho municipio, debido a la falta del grano, el precio ha aumentado y las tiendas han limitado la cantidad que se puede adquirir a entre 10 y 12 kilogramos por familia a la semana, cuando lo que se consume ordinariamente se necesitan 50 kilogramos a la semana. Además, para hacerse con el derecho de compra de maíz, el campesino o ama de casa tiene que consumir como mínimo 150 pesos en productos básicos de la tienda. Es decir, obligan a los compradores de maíz a consumir productos de la tienda a pesar de que sus precios estén por encima de los demás tenderos del municipio.
La afetación a esta zona del Estado de Hidalgo debería de poner en alerta a las autoridades estatales y federales, porque no es un problema menor ni nuevo, pero ahora, con las nuevas adversidades, se ha agravado. Se necesita urgentemente abasto suficiente del grano básico y supervisión de las autoridades para que su abasto no sea condicionado.
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