El derecho a la vivienda, así como el derecho a la salud, a la igualdad, al número de hijos que se desee tener, el acceso a la cultura, comprendido en el artículo cuarto de la constitución mexicana, son derechos inalienables, otorgados a todos los mexicanos por los constituyentes, cuando menos desde 1917. Y todo mexicano, con poder o sin él, está obligado a respetar y hacer cumplir esos derechos, en beneficio de todos los mexicanos.

Pero hoy en día, la desigualdad social se percibe a plena vista. Cuando hablamos de desigualdad social, nos enfocamos, principalmente, en las cantidades monetarias que cada una de las personas posee; sin embargo, esta desigualdad se muestra también en las posesiones y en las garantías que estas tienen del acceso resultado de sus contribuciones y el esfuerzo de pagar impuestos; por ello el gobierno tiene la obligación de garantizar todos los derechos a los mexicanos, ya sea si hablamos de salud, educación, servicios y vivienda. Pero muy poco se ha hecho en el actual gobierno, si vemos los altos índices de carencia que existe, comparado con la gran cantidad de familias que en todo el país no tienen un patrimonio, a pesar de que trabajan día a día para adquirir una. 

Con los altos costos y los créditos a plazos muy largos, los trabajadores quedan prácticamente empeñados por el resto de sus vidas, y si el beneficiario queda mal con los pagos, los aniquilan con los intereses moratorios, y que en mucho de estos fenómenos no es culpa del trabajador directamente.

De acuerdo con los datos de estudios especializados en la vivienda, el déficit de vivienda en México asciende a 2.2 millones de unidades. Esto se debe a diversos factores, como un crecimiento económico lento y una alta desigualdad de ingresos; así como un acceso insuficiente al financiamiento hipotecario, que dificulta la adquisición de una vivienda formal y de calidad.

Aunque, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), menciona que México es el país donde sus trabajadores trabajan las horas más largas de todos los países que contempla; no hay trabajador que supere las jornadas de los mexicanos siendo estos, paradójicamente, los peores pagados, por ello la dificultad de poder acceder a un financiamiento hipotecario para la adquisición de una vivienda de calidad

Para resolver la brecha de vivienda en México, de acuerdo con estudios especializados, se requiere la construcción de 800,000 unidades nuevas por año, durante los próximos 20 años; así como enfrentar el fenómeno de la vivienda informal, que hoy, para muchas familias, es la única opción viable para vivir cerca de su lugar de trabajo.

Y aquí es donde pregunto de nuevo, ¿Dónde quedó el eslogan que uso López obrador en su campaña?, esa que decía por el bien de todos, primero los pobres; con la 4T brillan por su ausencia los apoyos para adquirir o mejorar la vivienda.

El problema de falta de vivienda está presente, y las causas son muchas, pero un gobierno sensible y humano puede y debe empezar a dar soluciones por el bien de toda nuestra sociedad y para aquellos que no tienen un patrimonio para sus familias. Hay que modificar el sistema económico actual, pensado solo para generar utilidades para unos cuantos, olvidándose de la gran mayoría.

Todo esto, es la realidad que vivimos diariamente los mexicanos, sin embargo, los antorchistas no estamos de acuerdo con esta situación actual. En Antorcha buscamos alcanzar una realidad más justa para la clase trabajadora y para esto, el único que lo puede lograr es un gigante, este gigante es precisamente el pueblo trabajador, solo que necesita despertar, organizarse y tomar consciencia para hacer valer sus derechos consagrados en la constitución y lograr hacer un cambio profundo y verdadero en esta sociedad.