El promotor de la 4T y presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador no resuelve un problema cuando ya se mete en otro, ahora resulta que está pugnando por desaparecer los hospitales psiquiátricos en México, situación que debe frenarse porque solo basta imaginar a dónde irán a parar todos los pacientes de salud mental que requieren de hospitalización.
Claudia Vega Michel, académica del doctorado interinstitucional en Investigación Psicológica del ITESO, no ve que en este país estén dadas las condiciones necesarias para hacer el cambio.
Los hospitales psiquiátricos asilares, a los que la gente llega, en muchos casos, para quedarse a vivir para siempre, encerrada y alejada del resto de la sociedad, deben desaparecer. Esta medida no es nueva: en países como España e India, dio muy buenos resultados, porque tiene que ver con la rehabilitación, la reinserción y el respeto a los derechos humanos de estas personas. El problema es que, antes de tomar esta decisión en México, se deben tener resueltas situaciones que persisten y de las que las autoridades no hablan de forma clara y puntual.
Fue desde el pasado 16 de mayo que el mandatario mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. En dicho decreto se especifica que se atenderá a estos pacientes con un enfoque comunitario y dejarán de existir los hospitales psiquiátricos, mismos que serán sustituidos por clínicas de atención integral. En esencia, la iniciativa plantea modificar el paradigma de cuidados a estas personas para que se les permita ser parte activa y funcional de la sociedad.
En primer lugar, todos los hospitales generales, públicos y privados, tendrían que contar con un área de atención especializada en trastornos mentales. Además, habría que orientar y capacitar a los familiares para que puedan apoyar y contener a los pacientes desde sus hogares.
La adherencia a los tratamientos médicos se vuelve un obstáculo más, debido al desabasto de psicofármacos que se vive actualmente en el país. La mayoría de quienes padecen trastornos mentales pueden ser funcionales y mantenerse estables si se apegan al uso de los medicamentos. Esto ayudaría a que cada vez menos pacientes presenten crisis que los lleven a la necesidad de ser internados en este tipo de instituciones.
En México, la gente tarda entre ocho y 20 años en recibir un diagnóstico: “Debemos tener una infraestructura grande para la prevención, pero también de intervención”, señala la investigadora.
“Todavía tenemos muchas personas que viven en estos lugares por abandono, en este tipo de espacios que están lejos de todo, en la periferia de la ciudad, por donde no pasa nada ni nadie. El modelo de atención es medicalizar a las personas y dejarlas encerradas. Se quedan ahí porque los familiares ya no saben qué hacer con ellas, no las aguantan y las ‘depositan’ en estos lugares”, explica.
Se tienen muchas preguntas a propósito del decreto. Lo que más preocupa es qué va a pasar con todos aquellos que ahora viven en los hospitales psiquiátricos: Esa gente lleva muchos años ahí, sus familiares ya no están, unos ya murieron, algunos llegaron desde muy pequeños y ahí han crecido y ahí han vivido, ¿Qué va a pasar con esas personas?, si esos hospitales son su casa: ¿A dónde van a ir?, ¿Quién los va a cuidar?, ¿Quién se va a hacer cargo de ellos?
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